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EE.UU. emite alerta por maniobras militares en espacio aéreo regional

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos activó una alerta oficial este viernes con respecto a la seguridad en el espacio aéreo de distintas zonas del continente. Según el reporte técnico, existe una presencia significativa de actividad militar en regiones limítrofes con México, así como en diversas naciones de Centroamérica y Sudamérica. Este aviso preventivo entrará en vigor el próximo 16 de enero de 2026 y se mantendrá vigente por un periodo de 60 días, exigiendo a los operadores civiles extremar recaudos ante posibles

“situaciones peligrosas”

que amenazan incluso la estabilidad de los sistemas de posicionamiento global.

El organismo detalló que la vigilancia especial incluye las áreas de información de vuelo localizadas sobre el golfo de California, Panamá, Mazatlán, Bogotá y, de manera destacada para la región, la ciudad de Guayaquil, además de sectores estratégicos del Pacífico oriental. Un portavoz oficial de la entidad aclaró que los riesgos son latentes para aeronaves en todas las altitudes, afectando tanto vuelos en tránsito como maniobras de despegue y aterrizaje. La preocupación radica en posibles bloqueos al sistema de navegación por satélite (GNSS) y el despliegue de naves militares que podrían volar sin transpondedores activos o sin previo aviso oficial.

Escalada militar y ofensiva contra el narcotráfico

Este pronunciamiento de seguridad se da en medio de una creciente presencia bélica de Washington en la región. El pasado 8 de enero, el mandatario Donald Trump manifestó su determinación de

“iniciar ataques terrestres”

enfocados en desarticular a los cárteles del narcotráfico. Estas declaraciones siguen a una serie de operativos marítimos iniciados el 2 de septiembre, los cuales, según cifras oficiales, han resultado en al menos 107 fallecidos. Durante una intervención en el medio Fox News, el presidente estadounidense sostuvo que estas medidas han reducido casi totalmente el transporte de narcóticos en lanchas rápidas y justificó la nueva fase de la ofensiva alegando que

“los cárteles están controlando México”

.

En este escenario, destaca la ejecución de la misión militar denominada ‘Resolución absoluta’. Bajo este operativo, las fuerzas estadounidenses detuvieron el 3 de enero en la ciudad de Caracas al entonces dictador Nicolás Maduro y a su cónyuge, Cilia Flores. Ambos se encuentran actualmente en Nueva York para responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y otros presuntos delitos conexos. Trump ha sido enfático al señalar que la lucha antidrogas fue el motor principal para concretar la captura y posterior traslado de los implicados a territorio norteamericano.

Dos aviones F-35B del Cuerpo de Marines de EE. UU. sobrevuelan el antiguo aeropuerto de la Estación Naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico. REUTERS/Ricardo Arduengo

Respuestas diplomáticas y tensiones regionales

El panorama ha generado diversas posturas entre los mandatarios latinoamericanos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha remarcado el compromiso de su administración en el combate a la criminalidad, aunque defendiendo la soberanía nacional tras un diálogo telefónico sostenido con su homólogo estadounidense. Se ha confirmado que el 23 de enero se llevará a cabo una reunión de alto nivel en materia de seguridad, coordinada por el Departamento de Estado, con el fin de establecer estrategias conjuntas contra las organizaciones criminales.

Por otro lado, en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha planteado un acercamiento tras meses de roces diplomáticos. En una conversación reciente, se evaluó la posibilidad de realizar ataques aéreos conjuntos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que Estados Unidos cataloga como “narcoterrorista”. Ante esto, el líder de dicha organización, Antonio García, sugirió una coalición de grupos insurgentes colombianos para repeler las acciones de Washington.

Finalmente, el gobierno estadounidense ha notificado formalmente al Congreso que se considera en un estado de “conflicto armado” frente a las redes del tráfico de drogas. Aunque esta declaración ha suscitado debates en el legislativo, los esfuerzos por restringir los “poderes de guerra” presidenciales, específicamente en lo relativo a Venezuela, no prosperaron en el Senado debido a la oposición de la bancada republicana.

Fuente: Infobae

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