A cuatro años del devastador vertido de hidrocarburos en las costas de Ventanilla, la situación ecológica dista mucho de estar resuelta. Según el biólogo marino Stefan Austermuhle, especialista en biodiversidad, la mitad del crudo arrojado por la empresa Repsol durante el año 2022 aún permanece en el ecosistema marino, con el riesgo latente de persistir en la zona durante varias décadas adicionales.
El análisis de Austermuhle revela cifras preocupantes sobre el manejo de la emergencia. De los aproximadamente 12.000 barriles de petróleo derramados originalmente, las labores de limpieza solo consiguieron recuperar un 25% del hidrocarburo. Otro 25% se disipó mediante procesos de evaporación, pero el 50% restante se mantiene integrado en el entorno marino hasta la actualidad. Esta realidad anula cualquier posibilidad de una recuperación integral del ecosistema en el corto plazo.
“el 50% del petróleo sigue ahí y va a seguir ahí en esta forma por décadas”
El especialista técnico detalló que el petróleo remanente no ha desaparecido, sino que ha sufrido un proceso de transformación física. Estos residuos se han convertido en lo que se denomina “tortas de alquitrán”, consistentes en masas de textura viscosa que se fusionan con piedras y arena. Aunque a simple vista las playas puedan proyectar una imagen de limpieza superficial, bajo estas capas el hidrocarburo permanece activo y húmedo, liberando constantemente sustancias tóxicas que degradan la calidad del ambiente costero. Además, la dinámica natural de las mareas provoca que los restos vuelvan a aflorar en áreas que aparentemente habían sido descontaminadas.
Incumplimientos en los planes de recuperación ambiental
En cuanto a la responsabilidad corporativa, Stefan Austermuhle ha manifestado duras críticas hacia la gestión de Repsol. El experto señaló que los planes de recuperación presentados por la firma petrolera un año después del incidente acumulan actualmente más de 600 observaciones que no han sido subsanadas. Como consecuencia de estas deficiencias técnicas, ninguna entidad del Estado ha otorgado su aprobación a dichos documentos.
El biólogo fundamentó sus declaraciones en un informe técnico de 150 páginas, donde se exponen diversas irregularidades en los reportes emitidos por la petrolera. Austermuhle afirmó haber detectado una contaminación por hidrocarburos sumamente grave y acusó a la organización de implementar
“una estrategia de la empresa de negar responsabilidad y falsificar datos y metodologías científicas para supuestamente comprobar que todo está limpio”
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Por otro lado, la crisis ha dejado una profunda huella económica en la población local. El investigador destacó que un gran número de mujeres dedicadas a la pesca y al turismo fueron excluidas de los registros oficiales de damnificados, debido a que el censo solo consideró a los trabajadores con inscripción formal en los puertos del Callao.
Esta falta de reconocimiento oficial ha dejado a muchas trabajadoras en una situación vulnerable, sin acceso a apoyos económicos. Ante la crisis, muchas recurrieron a créditos bancarios para intentar sostener sus negocios turísticos, pero la persistente contaminación de los balnearios ha impedido el retorno de los visitantes. Cuatro años después, este grupo mantiene deudas acumuladas y sigue marginado de cualquier esquema de compensación por parte de la compañía o de las autoridades gubernamentales.
El desastre ambiental en Ventanilla se originó la madrugada del 15 de enero de 2022, durante una operación de descarga de crudo desde el buque Mare Doricum hacia la Refinería La Pampilla, operada por Repsol en la provincia constitucional del Callao. El suceso es calificado como uno de los peores accidentes ecológicos en la historia reciente de la región.
Debido a la magnitud de la fuga, se estableció inicialmente una emergencia ambiental de 90 días para mitigar los daños inmediatos. No obstante, organismos internacionales como la ONU han proyectado que el impacto en el lecho marino y las zonas costeras podría extenderse entre seis y diez años, comprometiendo no solo la fauna marina, sino también la seguridad alimentaria de las comunidades aledañas. Hasta el momento, los procesos de remediación y las disputas legales por indemnizaciones continúan sin una resolución definitiva.
Fuente: Infobae