La persecución sistemática contra el periodismo independiente en Nicaragua ha evolucionado hacia una fase de hostilidad tecnológica, según revela el más reciente informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). Desde el estallido de la crisis represiva en el año 2018, la violencia estatal ha provocado que 309 trabajadores de medios se vean obligados al exilio, además del cierre forzado de aproximadamente 50 plataformas informativas.
La FLED, que actualmente opera desde Costa Rica, ha documentado un preocupante incremento en las agresiones digitales. Durante el año 2025, se contabilizaron 115 vulneraciones a la libertad de prensa, una cifra significativamente superior a las 81 registradas en el periodo 2024.
Estrategias de intimidación en el entorno virtual
El estudio detalla que los mecanismos de represión se han trasladado con fuerza a las plataformas sociales y los canales digitales bajo control gubernamental. En estos espacios, se han identificado campañas sistemáticas de deslegitimación y amenazas directas. De acuerdo con las métricas presentadas, el 74% de los ataques corresponde a agresiones de carácter verbal, escrito o digital.
Por otro lado, los discursos estigmatizantes emitidos por instituciones oficiales y grupos paraestatales representan un 13% del total de las violaciones. Esta atmósfera de asedio no solo dificulta la labor de denuncia, sino que fomenta la autocensura y consolida la hegemonía del Estado sobre el flujo informativo.
“Las redes sociales y la página web de ‘El 19 Digital’ continuaron siendo utilizadas como espacios de intimidación, amenaza y deslegitimación del trabajo informativo”
, señaló la organización defensora de derechos humanos.
El drama del exilio y la apatridia
La huida del país se mantiene como la consecuencia más drástica del acoso político. Tan solo en 2025, al menos 26 periodistas tuvieron que abandonar el territorio nicaragüense para proteger su integridad física y su vida. En casos extremos, la Dirección General de Migración y Extranjería ha impedido el retorno de cuatro comunicadores tras realizar coberturas o viajes al exterior, sumiéndolos en una situación de apatridia de facto.
A la par de la persecución política, la crisis económica golpea al gremio. La reducción drástica de los fondos de cooperación internacional ha empujado a muchos reporteros a desempeñarse en empleos alternativos ajenos a su profesión, lo que ha deteriorado su bienestar físico y psicológico.
Desiertos informativos y control territorial
Esta combinación de restricciones y migración forzada ha dado lugar a lo que los expertos denominan “desiertos informativos”. Actualmente, el 65% del territorio de Nicaragua se encuentra bajo un estricto control informativo impuesto por el régimen sandinista, careciendo totalmente de la presencia de medios de comunicación independientes.
El desglose de la violencia en 2025 indica que la agresión tecnológica supuso el 7% de los casos documentados. El desplazamiento forzado y el uso abusivo del poder estatal alcanzaron un 2% cada uno, mientras que las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas directas representaron el 1%, según el monitoreo de la FLED.
Desde la cúpula del poder, el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo insiste en acusar a la prensa de actuar como agentes de desestabilización vinculados a los intereses de Estados Unidos.
Esta retórica ha servido para profundizar la criminalización de quienes ejercen el periodismo. El temor en el gremio se intensificó notablemente tras el asesinato del exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam en junio pasado en Costa Rica, un evento que elevó las alarmas sobre la posibilidad de que la persecución cruce las fronteras nacionales.
Finalmente, la FLED ha registrado incidentes recurrentes donde periodistas que intentaron regresar a Nicaragua tras misiones en el extranjero fueron interceptados en los puestos fronterizos y se les denegó la entrada. La organización denuncia que estas acciones forman parte de una política sistemática de exclusión migratoria diseñada para neutralizar definitivamente la capacidad de informar de los medios independientes.
Fuente: Infobae