Al concluir el año 2025, la situación de los derechos humanos en Cuba presenta un panorama crítico con un total de 1.197 prisioneros políticos y de conciencia. Esta cifra, que evidencia la continuidad y el endurecimiento de las tácticas represivas del régimen, forma parte del balance anual presentado por la organización Prisoners Defenders el 15 de enero de 2026.
El reporte detalla que, solamente durante el transcurso de 2025, se contabilizaron 134 nuevas detenciones motivadas por razones políticas. Estas acciones se enmarcan en un escenario de ausencia de garantías legales, donde el uso de castigos psicológicos y físicos se ha convertido en una herramienta común para el control de la ciudadanía.
“Nuestra lista contiene personas sometidas a sentencias o disposiciones fiscales de privación de libertad sin supervisión judicial, sin debido proceso y sin defensa efectiva”
Así lo manifestó Javier Larrondo, máximo directivo de Prisoners Defenders, quien subrayó que estos hechos no obedecen a comportamientos aislados de funcionarios, sino a un sistema de persecución estructural orquestado desde las instituciones del Estado.
Cifras alarmantes de encarcelamiento y criminalización
A lo largo de los doce meses del año 2025, un total de 1.290 personas estuvieron recluidas en centros penitenciarios cubanos por causas políticas. La organización sostiene que todos estos individuos fueron víctimas de diversos tipos de tortura. Tan solo en el mes de diciembre, se registraron 10 nuevos ingresos a prisión —integrados por siete hombres y tres mujeres—, localizados mayoritariamente en la zona oriental del país. El cargo más frecuente utilizado para justificar estas detenciones fue el de “propaganda contra el orden constitucional”, una tipificación legal que permite criminalizar cualquier forma de pensamiento crítico.
El perfil de los detenidos muestra una realidad desgarradora. Entre los 1.197 prisioneros, se encuentran 128 mujeres y 32 ciudadanos que eran menores de edad al momento de su captura (29 varones y 3 mujeres). El estado de salud de la población carcelaria es otra de las grandes preocupaciones: 464 internos padecen enfermedades graves y 42 presentan trastornos severos de salud mental, careciendo en ambos casos de la asistencia médica especializada necesaria.
“Son dolencias causadas o agravadas deliberadamente por la mala alimentación, los maltratos y la falta de atención médica”
De igual manera, el informe destaca la situación de 219 manifestantes que enfrentan condenas por el delito de “sedición”, con sentencias que promedian los diez años de privación de libertad. Resulta alarmante que 16 de estos sentenciados fueran menores al momento de los hechos, lo que contraviene los tratados internacionales que el Estado ha suscrito en materia de infancia.
La exportación del modelo represivo a Venezuela
La investigación de Prisoners Defenders no se limita a las fronteras de la isla. El informe advierte que el esquema de control y represión cubano ha sido trasladado a Venezuela. Se ha documentado el fallecimiento de más de 64 efectivos militares cubanos que formaban parte del cuerpo de seguridad del mandatario Nicolás Maduro, lo que ratifica la presencia de operativos de la isla en territorio venezolano.
Larrondo señaló que han recopilado testimonios que vinculan a agentes cubanos con la ejecución de torturas en el país sudamericano. Según el informe, se aplican los mismos 15 patrones de tortura identificados en las cárceles de la isla, incluyendo agresiones físicas, privación del sueño, posiciones forzadas, violencia sexual y amenazas permanentes.
“Estamos sumando testimonios sobre torturas diseñadas y ejecutadas por agentes cubanos en Venezuela”
El fenómeno de las falsas liberaciones
Otro aspecto fundamental del reporte es la denuncia del denominado “fraude del lenguaje”. La organización aclara que los anuncios gubernamentales sobre supuestas liberaciones son, en realidad, excarcelaciones bajo condiciones, donde los individuos permanecen bajo vigilancia policial y con procesos judiciales abiertos.
“No son liberaciones, porque las personas siguen teniendo causas abiertas y condenas vigentes”
Como ejemplo, se cita lo ocurrido en enero de 2025, cuando el régimen cubano anunció la liberación de 553 detenidos, pero solo 219 presos políticos abandonaron los recintos carcelarios sin que esto significara el cese de la persecución en su contra.
Finalmente, Javier Larrondo hizo un llamado vehemente a la Unión Europea y a las naciones democráticas del mundo para que dejen de “normalizar lo inaceptable”. Exigió la implementación de medidas urgentes y verificables para proteger a las víctimas, recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ampara la resistencia frente a la opresión.
“Las víctimas necesitan protección, visibilidad y justicia”
Fuente: Infobae