Tras conocerse los pormenores del indictment emitido por las autoridades judiciales de Estados Unidos contra el líder venezolano Nicolás Maduro, el cual se fundamenta en gran medida en los documentos incautados en 2008 al cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, se ha desatado una fuerte controversia en el panorama político.
La información recuperada de los ordenadores del antiguo jefe internacional de la organización guerrillera constituye hoy una pieza esencial del acervo probatorio en el proceso por narcoterrorismo que la justicia estadounidense adelanta contra Maduro. No obstante, este escenario contrasta drásticamente con lo ocurrido en el ámbito interno colombiano.
A pesar de que estos dispositivos estuvieron bajo custodia de las instituciones de Colombia por un periodo prolongado, no se les otorgó validez jurídica nacional, bloqueando así las investigaciones relacionadas con la denominada ‘farcpolítica’. Mientras tanto, el uso internacional de estos datos transformó el alcance de las pesquisas, generando efectos que aún repercuten en la política de la región.
Cuestionamientos de María Fernanda Cabal
Frente a estos hechos, la senadora por el partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó duras críticas hacia el actuar de la justicia colombiana. Cabal denunció lo que considera una posible irregularidad que permite el vínculo entre sectores políticos y economías ilícitas sin consecuencias legales.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la congresista manifestó que la decisión de los jueces de declarar ilegal la incautación del equipo de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, facilitó que diversos actores políticos evitaran procesos judiciales. Según la legisladora, muchos de estos individuos permanecen impunes y activos en la vida pública.
“Mientras en los EE.UU usan archivos del computador del terrorista Raúl Reyes de las FARC para acusar al dictador Maduro; en este país decidieron declarar ilegal unas pruebas que demostraban cómo políticos de izquierda estaban relacionados con la guerrilla. Hoy siguen esos políticos en la impunidad y haciendo política”, sentenció Cabal.
El origen y contenido de los archivos de Angostura
El expediente manejado por Estados Unidos incorpora elementos entregados por exjefes de seguridad del chavismo y antiguos integrantes de las extintas FARC. Estos testimonios respaldan la existencia de relaciones financieras y operativas entre funcionarios del gobierno venezolano y el grupo insurgente.
De acuerdo con investigaciones de la revista Cambio, en el territorio colombiano el caso terminó en el archivo. En el año 2011, la Corte Suprema de Justicia determinó que la confiscación de los computadores fue ilegal, dictaminando que su contenido carecía de valor probatorio ante los tribunales nacionales.
Por su parte, el general Óscar Naranjo, quien se desempeñaba como director de la Policía Nacional en aquel entonces, gestionó la certificación de Interpol para acreditar la integridad digital de los dispositivos. Esta acción buscaba asegurar su utilidad en marcos de cooperación internacional ante la importancia de los hallazgos.
El exdirector policial subrayó la relevancia de este material para el proceso actual:
“La información contenida en el computador de Raúl Reyes y recuperada en la Operación Fénix es uno de los pilares fundamentales de la acusación contra Nicolás Maduro”.
Los elementos probatorios fueron recolectados durante la Operación Fénix, ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia el 1 de marzo de 2008 en la zona de Angostura, en territorio de Ecuador. Dicha maniobra resultó en la muerte de Raúl Reyes y el decomiso de tres computadores portátiles, dos discos duros y múltiples memorias USB atribuidas al dirigente.
Los equipos electrónicos albergaban miles de correos electrónicos, documentos privados e información de carácter confidencial. Entre los hallazgos figuraban registros de contactos con sectores políticos, flujos de dinero de las FARC y comunicaciones detalladas sobre el apoyo ofrecido desde el régimen de Venezuela.
Fuente: Infobae