El arranque formal del juicio por la trama Odebrecht en Panamá, ocurrido este 12 de enero de 2026, marca un hito fundamental en la respuesta de las instituciones judiciales ante uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país.
Este proceso legal se concreta después de años de dilaciones y complejas gestiones en el ámbito internacional. La causa involucra a más de 20 imputados, grupo en el que destacan ex jefes de Estado y reconocidos empresarios. El volumen de la investigación es masivo, contando con un expediente que supera los 1.3 millones de páginas, lo que proyecta audiencias que se extenderán por un periodo de varios meses debido a la carga de pruebas existentes.
En el marco de las sesiones, la jueza a cargo, Baloísa Marquínez, recalcó la importancia de cumplir con las garantías procesales.
Bajo ese criterio, la magistrada ha enfatizado la urgencia de:
“garantizar el derecho a la defensa y el contradictorio”
Con este objetivo, se han tramitado diversas asistencias judiciales en el extranjero, con un enfoque especial en Brasil, para obtener declaraciones testimoniales determinantes que todavía no figuran en el proceso. La gestión de esta cooperación internacional ha sido un eje central en el juicio, provocando retos para la comparecencia de los acusados y derivando en múltiples aplazamientos previos.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos efectuada por la justicia, el núcleo de la red de corrupción se concentró entre los años 2010 y 2014. En dicho intervalo, la firma brasileña Odebrecht efectuó desembolsos por concepto de sobornos que superaron los 59 millones de dólares en suelo panameño. Estos pagos tenían como fin asegurar adjudicaciones en obras públicas que, en conjunto, representaron una inversión estatal de 175 millones de dólares.
Altos cargos involucrados en la red de sobornos
Las investigaciones, que cobraron fuerza nuevamente en 2017 tras las confesiones de la constructora en Estados Unidos sobre su esquema de coimas, señalan como beneficiarios a empresarios influyentes y funcionarios de alto rango.
En la lista de procesados sobresalen las figuras de los expresidentes Ricardo Martinelli (periodo 2009-2014) y Juan Carlos Varela (periodo 2014-2019). Actualmente, Martinelli se encuentra bajo la condición de asilado en Colombia desde mayo de 2025, luego de haber recibido una sentencia condenatoria previa por el delito de blanqueo de capitales en otro proceso.
En cuanto a Varela, se le señala por presuntamente recibir fondos ilícitos vinculados a la concesión de proyectos oficiales. La investigación también alcanza al núcleo familiar de Martinelli; sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, reconocieron ante tribunales de Estados Unidos haber blanqueado la suma de 28 millones de dólares. Según sus declaraciones, actuaron bajo instrucciones directas de su padre, hecho por el cual fueron condenados en el año 2022.
El avance del caso ha tropezado con diversos obstáculos de carácter legal y logístico. La complejidad para obtener cooperación externa impidió notificar a tiempo a varios de los señalados, lo que forzó la suspensión del juicio originalmente pactado para agosto de 2023, sufriendo cambios de fecha hasta su apertura definitiva en 2026.
Al respecto, la jueza Marquínez ha sido persistente en la necesidad de concretar las “asistencias judiciales internacionales”, especialmente con Brasil, nación de donde provienen piezas testimoniales clave del caso.
La etapa actual de este proceso judicial evidencia los retos mayúsculos que enfrenta Panamá para desarticular la corrupción estructural. Con más de 20 personas bajo proceso y una investigación de gran alcance, el caso mantiene la atención de la opinión pública nacional y de observadores internacionales, debido a cómo esta trama permeó las estructuras del Estado.
Un proceso postergado en siete ocasiones
La génesis de la investigación contra Odebrecht en territorio panameño data de 2015. El expediente fue archivado inicialmente y reabierto en el año 2017, justo después de que la empresa admitiera en EE.UU. el pago global de 788 millones de dólares en coimas distribuidos en doce países. La etapa de instrucción de la causa terminó formalmente en octubre de 2018.
Este lunes finalmente se dio inicio al juicio, un evento que se postergó sistemáticamente hasta en seis ocasiones desde el año 2023.
Sobre este inicio, el analista jurídico y abogado panameño Rodrigo Noriega comentó:
«Esta es la séptima ocasión que se convoca esta audiencia, pero la séptima es la vencida, dado que ya no hay nuevas oportunidades de postergación. Obviamente, sí veremos algunas estrategias de abogados defensores de tratar de postergarlo o más, pero ya no es posible»
Fuente: Infobae