Se ha registrado una jornada crítica para el fiscal José Domingo Pérez. En un mismo día, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, bajo la dirección de Juan Antonio Fernández Jerí, resolvió suspenderlo de sus funciones por un periodo de seis meses. Paralelamente, el Poder Judicial, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional, procedió al archivo definitivo del denominado caso Cócteles, que involucraba a Keiko Fujimori y a la organización política Fuerza Popular.
La situación genera una incertidumbre procesal, ya que José Domingo Pérez era el encargado de liderar una posible apelación contra el cierre de la causa. Ante su suspensión, el fiscal que sea designado para reemplazarlo deberá enfrentar la compleja tarea de determinar si solicita o no una reconsideración de esta sentencia judicial.
El ahora fiscal suspendido ya había manifestado previamente sus sospechas sobre este desenlace. Según sus declaraciones, existe una secuencia de acontecimientos que inició con la desarticulación del Equipo Especial Lava Jato, medida que fue dispuesta por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.
Durante una entrevista concedida a Exitosa, José Domingo Pérez ofreció sus descargos tras conocerse tanto el archivo de la investigación como la sanción de la ANC que lo separa de su cargo:
“Es una consecuencia de la decisión que adoptó el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de eliminar los equipos especiales, que han provocado represalias contra la función que hemos venido desempeñando. En este momento a mí se me ha apartado”, comentó.
Incertidumbre sobre la continuidad del Caso Cócteles
Para el magistrado, resulta sumamente cuestionable que su suspensión y el cierre del caso Cócteles hayan coincidido en la misma fecha. Bajo su perspectiva, estos hechos constituyen un mensaje de advertencia dirigido a los demás fiscales que integran el equipo Lava Jato.
“Mire, en la práctica, lo que a mí me parece es que los fiscales que permanecen a cargo de los casos Lava Jato entran, en buena cuenta, sometidos a presiones indebidas, obviamente por la amenaza de estas sanciones disciplinarias que se han consumado en mi persona”, explicó Pérez como parte de su reflexión sobre el entorno institucional.
En ese sentido, recalcó que el funcionario que tome su lugar tendrá la responsabilidad de decidir si impugna el archivo del caso Cócteles, subrayando que cualquier fallo judicial es susceptible de ser revisado en una instancia superior.
“Pero me queda claro que la coincidencia de mi suspensión o apartamiento del cargo y esta decisión está mandando un claro mensaje al fiscal que me está reemplazando, que está conociendo el caso Cócteles. Definitivamente, va a tener una difícil decisión para decidir si impugna ese archivo o no lo impugna”, lamentó el fiscal.
Precedentes de sanciones y figuras del Ministerio Público
Desde la visión de José Domingo Pérez, su apartamiento no es un incidente aislado dentro de la institución. En su análisis, comparó el accionar de Tomás Aladino Gálvez con el de sus antecesores, Pedro Chávarry y Patricia Benavides, quienes en su momento también intentaron retirar a los fiscales Pérez y Rafael Vela de las investigaciones vinculadas a Lava Jato.
El fiscal puso en tela de duda la sincronía entre las resoluciones administrativas y el destino final del caso Cócteles, proceso que investigaba a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Argumentó que, sistemáticamente, cuando estos casos llegan a etapas cruciales, surgen respuestas de funcionarios cuyas trayectorias han sido cuestionadas por su proximidad a los implicados o por antecedentes propios.
Finalmente, Pérez sugirió que esta cadena de eventos no responde al azar, sino que evidenciaría un patrón de conducta institucional cuando las indagaciones afectan a figuras de alto relieve político. Según sus palabras, el archivo de la causa y su suspensión simultánea representan un escenario que debe ser analizado con rigurosidad por la opinión pública.
Fuente: Infobae