A falta de solo 20 días para que se lleven a cabo las elecciones nacionales, la seguridad del mandatario Rodrigo Chaves ha pasado al primer plano de la agenda pública. Esto sucede luego de que Jorge Torres, quien lidera la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), acudiera a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia formal por una presunta amenaza contra la vida del jefe de Estado. La alerta coincide temporalmente con la estancia oficial de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien llegó al territorio este martes para supervisar un proyecto carcelario.
El máximo representante del Ministerio Público, Carlo Díaz, ratificó ante los medios de comunicación que la investigación señala directamente a una ciudadana de apellidos Chinchilla Mora, quien posee un perfil activo en diversas plataformas digitales. Durante la jornada de este martes, la Fiscalía detalló que el caso fue derivado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Asimismo, se ha solicitado la participación de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de infracciones penales.
“Este caso se atenderá con la seriedad que corresponde y se realizarán todas las diligencias correspondientes para su resolución”
Detalles de la denuncia y evidencia
Según declaraciones brindadas por el director de la DIS a Noticias Repretel, la advertencia proviene de reportes confidenciales que llegaron a su despacho. Torres señaló la existencia de una evidencia digital específica: “un pantallazo donde nos alertan sobre el pago de un sicario para atentar contra la vida del presidente”. Ante la relevancia del cargo de la persona afectada y la magnitud de la amenaza, el funcionario explicó que decidió proceder con inmediatez ante la Fiscalía para agilizar el proceso, dejando ahora el esclarecimiento de los hechos bajo la responsabilidad del Poder Judicial.
La respuesta de la persona implicada
Por su parte, la mujer mencionada en el proceso judicial, Stella Chinchilla, ha rechazado de forma categórica cualquier tipo de implicación en los hechos. Acompañada por su representante legal, Ricardo Solís, se presentó voluntariamente ante las oficinas fiscales para demandar la revisión de las pruebas y el expediente en su contra. La comunicadora describió la situación como un montaje y utilizó términos como “burdo” y “cochino” para referirse al señalamiento.
“No sé de qué me acusan, la verdad, de que yo pagué, lo que entiendo es que me están acusando de que yo pagué para mandar a un sicario. No, soy fiel defensora de los derechos humanos, no creo en la pena de muerte en cualquier sociedad del mundo”
Chinchilla, quien aclaró que ejerce como comunicadora y no como periodista titulada, responsabilizó directamente a la administración actual por la integridad y seguridad de su familia. Relató que tuvo conocimiento de la denuncia apenas momentos antes de acudir a la Fiscalía con su abogado, puesto que se encontraba participando en una actividad con su dispositivo móvil apagado.
Reacciones en el ámbito político
La noticia generó un eco inmediato en las fuerzas políticas de oposición. El partido Frente Amplio, bajo la vocería de Ariel Robles, emitió un pronunciamiento donde manifestaron su rechazo a cualquier forma de hostilidad hacia las autoridades. En el comunicado, la agrupación subrayó que condenan “cualquier acto de violencia o agresión contra la figura del mandatario o cualquier otra figura política”, y exigieron que la situación sea analizada “con todo el rigor por estas autoridades judiciales pertinentes”.
Antecedentes de inseguridad oficial
Este episodio no es un evento aislado en el entorno de la actual administración. Hace solo tres meses, la figura oficialista Laura Fernández reportó el hallazgo de un dispositivo de escucha en su despacho, denunciando un posible caso de espionaje. Adicionalmente, el propio Rodrigo Chaves manifestó en febrero de 2023 que sufre hostigamientos constantes, asegurando en aquel momento: “Me amenazan de muerte todos los días”, vinculando dichas acciones a represalias por sus políticas activas contra el narcotráfico.
El historial de alertas de la DIS incluye también otros antecedentes, como el de una mujer de apellido Rueda, quien fue señalada tras publicar en redes sociales que la situación del país “amerita un francotirador”. Todo esto ocurre en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, al cual el presidente ha cuestionado de forma recurrente. Al ser consultada sobre estos nuevos hechos, la Presidencia de la República optó por no emitir ninguna respuesta oficial.
Fuente: Infobae