Ante el complejo escenario financiero que golpea a Bolivia, el Gobierno central ha formalizado la declaratoria de “emergencia energética y social” en todo el territorio. Esta resolución responde directamente a una inflación acumulada del 20,40% reportada en lo que va del año 2025, sumada a una crítica falta de divisas estadounidenses y severos problemas en el suministro de combustibles a nivel nacional.
La normativa, oficializada bajo el Decreto Supremo 5517, contempla la ejecución de maniobras extraordinarias para asegurar que la energía y los hidrocarburos lleguen a la población. Según el documento estatal, el objetivo primordial es reactivar el aparato productivo y fomentar la reconstrucción económica de la nación mediante acciones inmediatas.
Apertura a la importación privada de hidrocarburos
Una de las decisiones más significativas para mitigar la crisis radica en la apertura del mercado. El decreto autoriza de manera excepcional a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo. Estos actores privados podrán operar a precios de importación o de ingreso a terminales, siempre que cuenten con infraestructura de almacenaje, ya sea propia o mediante alquiler, bajo reglas de libre acceso.
Debido a la “extrema situación de déficit en el abastecimiento”, el Ejecutivo determinó que se suspende al diésel de la lista de sustancias controladas. Esta acción busca agilizar la provisión para el transporte, la agroindustria y otros sectores estratégicos. Las autoridades recalcaron que estas disposiciones tienen un “carácter excepcional, temporal e inmediato”.
Consenso social y nuevos precios de los combustibles
Esta declaratoria se concreta un día después de que el Ejecutivo lograra acuerdos con la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales. Mediante el Decreto Supremo 5516, se ratificó el fin de la subvención a los carburantes, permitiendo que se desactiven las protestas y se levanten los bloqueos de carreteras que se habían originado en rechazo a normativas previas de diciembre.
Con la nueva regulación, se mantienen vigentes los precios ajustados para los carburantes en el país: 6,96 bolivianos (1 dólar) por el litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel. Estos valores representan incrementos de entre el 86% y el 162% en comparación con los costos subsidiados que estuvieron vigentes por más de veinte años.
“La medida fue adoptada mediante el Decreto Supremo 5517, que establece acciones excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía”
Finalmente, aunque diversos sectores sindicales manifestaron temor de que estas medidas facilitaran la transferencia de empresas estatales a capitales externos, el Gobierno negó rotundamente dicha interpretación. El éxito de este plan de emergencia dependerá de su implementación efectiva en las próximas semanas, en un contexto de alta presión inflacionaria y escasez de liquidez en moneda extranjera.
Fuente: Infobae