El fondo de inversión especializado en activos en mora, Aurelius Capital Management, ha formalizado una nueva acción legal en los tribunales de Nueva York contra la República Argentina. La disputa se centra en el impago de los denominados Cupones PBI, bajo la premisa de que la administración estatal del año 2013 —liderada por la entonces mandataria Cristina Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof— habría alterado las estadísticas de crecimiento económico del país.
Este nuevo episodio jurídico representa un reclamo financiero de gran envergadura. Sebastián Maril, director ejecutivo de Latam Advisors, ha proyectado que el monto exigido asciende a USD 2.600 millones, de los cuales aproximadamente el 50% corresponde exclusivamente a la acumulación de intereses.
Antecedentes del conflicto
Cabe recordar que Aurelius Capital Management fue una de las entidades que se acogió al pacto de normalización de deuda firmado durante la gestión de Mauricio Macri en 2016. No obstante, tras dicho proceso, la firma optó por iniciar una nueva ofensiva legal en 2019, cuestionando la veracidad de las métricas oficiales.
La parte demandante sostiene que el Estado argentino realizó un cálculo erróneo en los desembolsos debidos a los poseedores de bonos ligados al Producto Bruto Interno (PBI). Estos instrumentos financieros, emitidos tras los canjes de deuda de 2005 y 2010, garantizaban pagos extra si la economía superaba ciertos umbrales de crecimiento, algo que supuestamente fue evadido mediante la intervención del Indec.
Respecto a la metodología aplicada en aquel entonces, la defensa de Aurelius argumentó lo siguiente en sus presentaciones:
“Cuando el Indec cambió el año de los precios base, el PBI real para 2013 casi se duplicó en pesos medidos en precios constantes de 2004; y el crecimiento real del PBI para 2013 cayó aproximadamente a la mitad. Por supuesto, la economía de Argentina la actividad no se duplicó repentinamente, y su tasa de crecimiento anual no se redujo repentinamente a la mitad. Sin embargo, la vara de medición cambió“
Para los demandantes, el ajuste en la medición del crecimiento no fue un error técnico accidental, sino una maniobra intencional diseñada para eludir las obligaciones financieras con los tenedores de bonos.
El proceso en los tribunales neoyorquinos
El litigio está en manos de la jueza Loretta Preska, titular del Segundo Circuito de Nueva York, quien posee una vasta experiencia en causas argentinas. Preska es la misma magistrada que supervisa el caso por la expropiación de YPF, donde el país enfrenta una condena de USD 18.000 millones por irregularidades en el proceso de nacionalización de 2012.
La trayectoria de esta demanda ha sido compleja:
- En 2019 se presentó el caso inicial, pero la Cámara de Apelaciones falló a favor del Estado argentino el año pasado.
- En 2023, el fondo intentó subsanar fallas en el procedimiento, pero la jueza Preska consideró que la presentación fue extemporánea.
- En 2024 se interpuso un nuevo recurso que permaneció pausado hasta que se resolviera la apelación del caso original.
Recientemente, tras el cierre de las vías de apelación previas, la jueza habilitó a Aurelius para proceder con la demanda iniciada hace dos años, la cual será ahora el foco de análisis judicial.
Una de las estrategias centrales de Aurelius en esta etapa es apelar a la jurisprudencia internacional. El fondo señala que ya existen resoluciones definitivas en los tribunales del Reino Unido que fallaron contra Argentina en 2024, las cuales deberían ser consideradas como precedentes vinculantes en territorio estadounidense.
Según el análisis de Sebastián Maril, la parte querellante
“sostiene que los fallos no apelables del Reino Unido deberían ser vinculantes para los tribunales estadounidenses”
El especialista detalla que los tenedores de bonos ya están ejecutando acciones en las cortes norteamericanas para presionar por el cobro o forzar una mesa de negociación. Asimismo, subraya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha identificado este conflicto por los warrants en euros como un asunto crítico que aún requiere una solución definitiva.
Finalmente, Maril resalta en un informe técnico la similitud de las legislaciones involucradas:
“Aurelius y sus co-demandantes sostienen que no existe ninguna diferencia relevante entre la ley contractual inglesa y la de Nueva York, y que ambas series de warrants vinculados al PIB tienen términos idénticos. Sin embargo, no pudieron plantear antes el argumento de que la decisión inglesa es vinculante, porque la sentencia inglesa no se volvió completamente inapelable y definitiva hasta hace poco”
El fondo persiste en su estrategia de litigio de largo aliento, una práctica habitual en su modelo de negocio, adquiriendo instrumentos financieros a bajo costo para luego buscar la recuperación total mediante sentencias judiciales.
Fuente: Infobae