Una paralización de gran escala afectará la movilidad en Lima Metropolitana y el Callao, donde más de 22.000 vehículos de transporte público suspenderán sus recorridos. Esta medida de fuerza es el resultado de una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por un incremento en los homicidios, atentados y el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales que obtienen ingresos millonarios a costa de este sector.
El paro, programado para este miércoles 14 de enero, busca exigir respuestas concretas al Estado frente a la violencia que obliga a los transportistas a trabajar en condiciones extremas, llegando incluso a utilizar chalecos antibalas. El sentimiento de vulnerabilidad es generalizado entre los trabajadores:
“No sabemos si regresaremos a casa”
, manifiestan ante la constante amenaza delictiva.
Las estadísticas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público son alarmantes. Entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, se han contabilizado 91 víctimas mortales en ataques dirigidos al transporte público, de las cuales 69 eran conductores. Además, se registraron 74 personas heridas, evidenciando un patrón de violencia que afecta tanto a trabajadores como a los usuarios del servicio.
Los especialistas en seguridad pública señalan que el 86,7% de los afectados (fallecidos y heridos) son hombres. Los ataques suelen concentrarse en las rutas urbanas, empleando armas de fuego, y ocurren mayoritariamente en la franja horaria de las 17:00 a las 23:30 horas. Respecto a las nacionalidades de los fallecidos, 75 eran peruanos y 10 venezolanos, identificándose también víctimas de diversas edades, incluido un menor de seis años.
El panorama para el inicio del 2026 no es alentador. El general Víctor Revoredo, encargado de la División de Investigación Criminal de la PNP, informó que en los primeros nueve días del año ya se han perpetrado ocho atentados. Esta cifra se suma a los 69 asesinatos de transportistas documentados a lo largo del año anterior. La policía ha identificado que las mafias utilizan principalmente WhatsApp para enviar amenazas, aunque persisten métodos tradicionales como misivas extorsivas escritas a mano.
El millonario lucro de la criminalidad organizada
La extorsión se ha convertido en un negocio sumamente rentable para las bandas delictivas. Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, reveló que el 80% de las empresas en la capital y el Callao son víctimas de este delito. En muchos casos, las compañías deben pagar simultáneamente a tres organizaciones criminales distintas, con cuotas que oscilan entre los 10 y 30 soles diarios por cada unidad.
Para una empresa con una flota estándar de 80 buses, el pago a tres bandas criminales puede sumar hasta 7.200 soles por jornada. A nivel anual, estas cifras superan los 2.5 millones de soles, un botín económico que alimenta la persistencia del crimen.
“Hemos escuchado de diez empresas que ya no pueden continuar, en los conos”
, lamentó Ojeda, subrayando que la presión económica y la violencia han forzado el cese de operaciones de múltiples transportistas.
Pese a que las autoridades conocen los puntos críticos y los horarios de mayor riesgo, los gremios denuncian una falta de coordinación efectiva en la protección de los corredores viales. La decisión de mantener la medida de fuerza para este 14 de enero se ratificó tras diálogos con el presidente interino José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quienes no lograron disuadir a los dirigentes.
Demandas de seguridad y fallas en la prevención
El gremio de transportistas critica duramente la ausencia de un plan preventivo real. Martín Ojeda sostuvo que
“la prevención es absolutamente negativa y está originando atentados”
. Aunque el Ejecutivo afirma haber reducido las extorsiones en un 25,8% bajo el estado de emergencia, los líderes del sector aseguran que existe una cifra negra de casos no denunciados por el temor a represalias.
Por su parte, el ministro Vicente Tiburcio garantizó un despliegue de la Policía Nacional del Perú para reforzar la investigación y vigilancia, buscando asegurar que las empresas puedan operar. No obstante, estas promesas no han sido suficientes para detener la movilización ciudadana y gremial.
Una crisis estructural y económica
Más allá de los incidentes recientes, expertos como la criminóloga Erika Solis consideran que el problema reside en la informalidad del sector. Según Solis,
“esto no se arregla en un mes; hay que construir bases sólidas con una reforma del transporte”
. Por otro lado, Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, advierte que la inseguridad le cuesta al país aproximadamente 19.000 millones de soles anuales, frenando el desarrollo social.
El crecimiento del delito de extorsión en el territorio peruano ha sido exponencial, con un incremento del 478% en los últimos cinco años, de acuerdo con registros oficiales procesados por medios locales.
Finalmente, el desafío para el Estado peruano trasciende la construcción de cárceles o la declaratoria de emergencias. Los analistas coinciden en que se requiere una reforma integral de la persecución penal. Como concluye Erika Solis:
“Prevenir no es llenar de patrulleros la calle: eso es control. Prevenir es cerrar los huecos por donde el delito se cuela”
.
Fuente: Infobae