El exfuncionario municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas, Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, fue formalmente expulsado por Migración Colombia y entregado a las autoridades de Ecuador el pasado 12 de enero de 2026. El procedimiento administrativo se concretó en las instalaciones del Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, marcando el fin de su evasión de la justicia nacional.
Según la confirmación oficial emitida por el ente migratorio colombiano, Morocho Rodríguez mantenía una orden de captura vigente en territorio ecuatoriano por el presunto delito de tentativa de homicidio. La localización del ciudadano se produjo en el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot, punto donde el exconcejal pretendía cruzar la frontera desde Colombia hacia Venezuela. En ese instante, los sistemas de seguridad detectaron una alerta internacional que pesaba sobre su identidad.
Tras corroborar los antecedentes judiciales, las autoridades colombianas procedieron con la ejecución de la medida de expulsión. El traslado del exedil se realizó bajo custodia por vía terrestre, recorriendo el trayecto hasta el límite fronterizo con Ecuador. En el puente de Rumichaca, delegados de Migración Colombia formalizaron la transferencia del detenido para que inicie su proceso de judicialización bajo las leyes ecuatorianas.
El reporte oficial del operativo señaló que durante todo el trámite se garantizó el pleno cumplimiento de los derechos humanos. El ciudadano fue entregado en condiciones físicas óptimas para comparecer ante los tribunales. Al respecto, Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, subrayó que el trabajo coordinado con el Ecuador y la operatividad de los equipos en zona de frontera son piezas fundamentales para sostener el orden y la seguridad en la región andina.
Cooperación internacional y detalles del caso judicial
La aprehensión de Miguel Morocho en suelo colombiano es interpretada por las autoridades como un avance significativo en la lucha contra la criminalidad transfronteriza. Su captura ocurrió mientras intentaba evadir la vigilancia migratoria para ingresar a Venezuela, en el marco de una instrucción fiscal por el intento de asesinato contra el dirigente del sector transporte, Washington Guillermo Vasco Castro.
El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, puntualizó que este resultado fue producto de una articulación estratégica entre las instituciones de Ecuador y Colombia, contando además con el soporte de Estados Unidos. La activación de una alerta roja de Interpol fue el factor determinante que permitió extremar la vigilancia en los puntos de control y agilizar su identificación.
“La justicia no conoce fronteras”
Con esta frase, los portavoces gubernamentales resaltaron la efectividad de herramientas como el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la Subsecretaría de Migración. Cabe recordar que Miguel Eduardo Morocho Rodríguez ejercía como concejal por el movimiento Revolución Ciudadana (lista 5), con una gestión prevista para el periodo 2023-2027, pero permanecía prófugo desde su arresto inicial el 10 de enero de 2026.
La disposición legal que ordenaba su detención fue emitida en septiembre de 2025 por la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas. El caso se remonta al violento ataque armado perpetrado el 5 de marzo de 2025 en contra de Washington Vasco Castro, quien en ese momento se desempeñaba como expresidente de la cooperativa de transportes Zaracay.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría abandonado el país con rumbo a Colombia apenas 24 horas antes de que se oficializara la boleta de captura en su contra. No obstante, su intento de legalizar su tránsito por el control migratorio colombiano facilitó su detección inmediata por parte de los agentes fronterizos.
Sobre la captura, el ministro Reimberg manifestó lo siguiente:
“Gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se dio con el paradero de este tipo”
En este proceso también se encuentra vinculado José Ignacio Peñafiel Plúa, quien junto a Morocho enfrenta los cargos derivados del atentado contra la vida de Vasco Castro. Las autoridades de justicia de Ecuador han ratificado que las investigaciones se mantienen abiertas y se seguirán todos los cauces legales para asegurar que los responsables rindan cuentas ante el sistema judicial nacional.
Fuente: Infobae