A través de un contundente pronunciamiento en sus redes sociales, el líder político Enrique Gómez calificó como un acto abusivo la adjudicación de un millonario contrato de 10.000 millones de pesos. Estos recursos están destinados a la defensa legal del presidente Gustavo Petro en territorio estadounidense, tras verse involucrado en la denominada Lista Clinton. El actual director del partido Salvación Nacional cuestionó severamente al mandatario por lo que considera un derroche innecesario de fondos estatales en un asunto de índole personal.
El vínculo contractual, suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la organización británica Amadeus Consultancy Limited, ha generado una intensa polémica nacional sobre el uso del presupuesto público y el cumplimiento de las afirmaciones previas que aseguraban que la representación jurídica no tendría costo. En un inicio, se había informado que las gestiones del abogado Daniel Kovalik, quien tomó el caso en octubre, se realizarían bajo la modalidad pro bono, es decir, sin remuneración económica alguna por parte del Estado.
La postura de Gómez no se hizo esperar y utilizó sus canales digitales para señalar lo que considera una contradicción flagrante entre lo que el jurista había manifestado inicialmente y el millonario desembolso que ahora deberá cubrir la nación. Asimismo, el dirigente aprovechó la coyuntura para respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella al Senado, asegurando que su proyecto político se encargará de frenar las prácticas que afectan los intereses de las arcas nacionales.
“Descarado Gustavo Petro y su abogado Daniel Kovalik que abiertamente, en prensa nacional, afirmaron que su defensa sería gratuita y nos va a costar 10.000 millones de pesos tener que representar la causa que llevó a Petro a la Lista Clinton. Rateros descarados, esto se acaba con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia”, manifestó Gómez con dureza frente al Ejecutivo.
Por otro lado, el jurista y docente Martín Eduardo Botero aportó su visión técnica sobre el conflicto, subrayando que este proceso jurídico atiende a intereses particulares del individuo y no a la institucionalidad del país. Según su análisis, los recursos del Estado no deberían ser utilizados para tales propósitos personales. Botero enfatizó: “La defensa internacional de Petro no es un asunto de Estado, sino un proceso personal. El presidente debe responder como persona natural, no con recursos públicos”.
¿Por qué estalló la polémica por el contrato firmado para la defensa de Gustavo Petro?
El escándalo estalló formalmente el 11 de enero de 2026, fecha en la que se reveló que el Dapre otorgó el contrato por $10.000 millones a la firma internacional mencionada para ofrecer asesoría jurídica especializada. El objetivo primordial de esta contratación es enfrentar las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de los Estados Unidos, derivadas de la inclusión del mandatario en la mencionada Lista Clinton.
De acuerdo con las cláusulas del documento legal, la empresa británica se encargará de realizar un análisis estratégico y normativo sobre los regímenes de sanciones financieras internacionales que pesan sobre el jefe de Estado. Se ha especificado que gran parte de esta labor se ejecutará fuera de las fronteras colombianas, dada la naturaleza del litigio que se adelanta ante organismos y autoridades extranjeras por el caso que involucra al mandatario.
Finalmente, el debate cobró mayor relevancia al contrastar estas cifras con las declaraciones de Daniel Kovalik en octubre de 2025. En aquel momento, el letrado aseguró públicamente que asumiría la defensa de Petro “sin costo” para el Gobierno nacional. No obstante, la minuta contractual evidencia que el acuerdo formal estipula pagos divididos en cuatro cuotas iguales, equivalentes a 500.000 libras esterlinas cada una, programadas entre enero y abril de 2026.
Fuente: Infobae