La administración presidencial ha formalizado la adjudicación de un millonario contrato que alcanza los 10.000 millones de pesos. El beneficiario es la organización británica Amadeus Consultancy Limited, bajo la dirección del jurista norteamericano Daniel Martin Kovalik. La finalidad de esta contratación es otorgar asistencia jurídica en el ámbito internacional al mandatario Gustavo Petro, a raíz de su vinculación en la denominada Lista Clinton (Ofac). Ante este suceso, el pasado domingo 11 de enero, el reconocido catedrático y experto en derecho internacional, Martín Eduardo Botero, expresó una postura crítica y tajante frente a la operación financiera.
El especialista Botero se ha posicionado como uno de los detractores más frontales respecto a este desembolso. A través de sus plataformas digitales, el académico manifestó su preocupación sobre los procedimientos ejecutados por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según su análisis, existen inconsistencias en el proceso que busca excluir al presidente del listado de sanciones de Estados Unidos, un tema que cobra relevancia tras confirmarse la futura reunión entre Petro y el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump.
Argumentos de Botero sobre la presunta irregularidad del contrato
El jurista ha sido enfático en señalar que este movimiento compromete la institucionalidad del país. De acuerdo con sus declaraciones:
“Esto no es política exterior. Es autodefensa con dinero del Estado. Cuando un presidente usa impuestos para pagar abogados que lo saquen —a él y a su círculo— de una lista de sanciones personales, se cruza una línea grave: la confusión deliberada entre Estado y persona. No gobierna para todos: se protege a sí mismo”.
Botero argumenta que emplear el erario para estas gestiones representa una ruptura entre lo institucional y lo privado. Asimismo, el experto planteó interrogantes fundamentales sobre la legalidad de la destinación de estos recursos. En sus palabras:
“La pregunta no es ideológica. No es electoral. No es mediática. Es jurídica. ¿Con qué fundamento legal se comprometen $10.000 millones del erario para gestionar un asunto personal —su eventual situación ante Ofac— bajo la apariencia de ‘riesgo institucional’? Porque aquí está el nudo del problema: si el riesgo es personal, el gasto es ilegal; si el riesgo es institucional, explíquelo con precisión jurídica y pruebas”.
En su análisis, el fundador del Centro Europeo de Justicia Transicional insistió en que el costo de la defensa no debería recaer sobre los ciudadanos colombianos:
“¿Por qué los colombianos deben pagar la defensa personal del Presidente y de su círculo frente a sanciones individuales? No hay respuesta legítima que no pase por una conclusión incómoda: no deberían. Si la inclusión en Ofac es injusta, se combate con recursos propios. Si es infundada, se desvirtúa con abogados privados. Si es política, se enfrenta con responsabilidad personal, no con la chequera del Estado”.
Martín Eduardo Botero, quien posee un doctorado en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Siena en Italia, exige una transparencia absoluta sobre la base jurídica que sustenta el contrato y la justificación de un gasto que, bajo su óptica, carece de sustento en la normativa vigente. Su trayectoria en justicia transicional y derecho internacional le ha valido reconocimiento; cabe recordar que durante el año 2025, su análisis sobre la sentencia contra Álvaro Uribe Vélez generó debate al señalar el instrumentalismo judicial, caso en el cual el expresidente resultó inocente.
Especificaciones técnicas del acuerdo con Amadeus Consultancy Limited
La oficialización de este vínculo contractual con la firma de Daniel Martin Kovalik ha generado controversia debido a declaraciones previas. En octubre de 2025, Kovalik había indicado ante medios de comunicación que su representación sería pro bono. No obstante, la minuta contractual establece honorarios equivalentes a dos millones de libras esterlinas, pagaderos en cuatro cuotas iguales.
El contrato, cuya ejecución se extenderá hasta el mes de abril de 2026, estipula desembolsos mensuales de 500.000 libras esterlinas (aproximadamente $2.500 millones), contemplando la posibilidad de pagos anticipados si la gestión termina antes de lo previsto. La asesoría jurídica incluye análisis técnicos sobre sanciones internacionales, manteniendo la confidencialidad de la información como una de las obligaciones principales del bufete.
Uno de los puntos más debatidos en la minuta es la justificación de la contratación directa, donde se argumenta que el personal de planta de la Presidencia no cuenta con la especialidad requerida para la defensa ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos. Esta situación ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político, entre las que destaca la de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó el cambio en las condiciones económicas de la defensa del primer mandatario.
Fuente: Infobae