La administración de la Presidencia de Colombia ha formalizado la adjudicación de un millonario contrato que asciende a los 10.000 millones de pesos. El objetivo de este convenio con la firma Amadeus Consultancy Limited, bajo la representación del jurista estadounidense Daniel Martin Kovalik, es proporcionar servicios de defensa jurídica a nivel internacional y consultoría especializada para el presidente Gustavo Petro, derivado de su vinculación en la denominada lista Clinton de sanciones emitidas por Estados Unidos.
La revelación de este acuerdo contractual, que se hizo pública durante las primeras horas del 11 de enero de 2026, ha desatado una fuerte controversia en la esfera política y social. El malestar surge no solo por la elevada cuantía del contrato, sino también por el antecedente de octubre de 2025, cuando Kovalik había manifestado públicamente que su intervención en este proceso se realizaría bajo la modalidad pro bono, es decir, sin remuneración económica.
Fuertes críticas desde la oposición
La senadora María Fernanda Cabal fue una de las voces más críticas ante la noticia, cuestionando de manera tajante el empleo de fondos públicos para costear un asunto que, a su juicio, pertenece a la esfera personal del jefe de Estado y no a las responsabilidades institucionales.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC. Este es un proceso personal de Petro, no institucional. ¡Debe responder como persona natural, no con recursos del Estado!”
expresó la congresista a través de su cuenta oficial en la plataforma X.
El contexto de esta disputa legal se remonta a octubre de 2025. En aquel momento, Daniel Martin Kovalik aseguró que defendería al mandatario Gustavo Petro de forma gratuita ante el Gobierno nacional. El proceso legal en cuestión fue impulsado por las autoridades estadounidenses tras integrar a Petro en la base de datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una medida que conlleva severas implicaciones jurídicas y limitaciones financieras para el presidente, según se detalla en el documento contractual.
Detalles financieros y estructura del contrato
A pesar de las promesas de gratuidad realizadas inicialmente por el abogado defensor, el vínculo legal formalizado establece una “asesoría jurídica altamente especializada en defensa jurídica internacional”. Dicha labor se centrará en el análisis estratégico y normativo del sistema de sanciones financieras globales que afectan actualmente al mandatario colombiano.
De acuerdo con la minuta emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el monto total del contrato se fijó en 10.000 millones de pesos, cifra equivalente a dos millones de libras esterlinas. Para efectos de pago, se estableció una tasa fija máxima de 5.000 pesos por cada libra esterlina, dividiendo el total en cuatro cuotas de igual valor.
El esquema de desembolsos está programado para ejecutarse hasta el 30 de abril de 2026. De esta manera, entre los meses de enero y abril, se realizarán pagos mensuales de 500.000 libras esterlinas, lo que representa aproximadamente 2.500 millones de pesos por cada cuota periódica.
Para que cada pago sea autorizado, la firma contratista debe cumplir con la entrega y aprobación de informes técnicos de avance, participar en sesiones de trabajo con la Presidencia y suministrar análisis detallados sobre el régimen de sanciones internacionales. El documento oficial también contempla una cláusula de cumplimiento anticipado:
“Si el objeto del contrato se cumple antes de la fecha pactada, los pagos que se encuentren pendientes se realizarán en los siguientes diez (10) días hábiles a la presentación del informe de gestión final y la solicitud de pago o factura electrónica según sea el caso, aprobados por el supervisor del contrato”.
Confidencialidad y justificación de la contratación
Debido a que se trata de un tema relacionado con la defensa de un jefe de Estado, Amadeus Consultancy Limited está obligada a mantener una confidencialidad absoluta sobre los datos y resultados obtenidos. El contrato subraya que esto se debe a la “naturaleza altamente sensible y estratégica de la defensa” técnica requerida.
La vigilancia del cumplimiento de estas obligaciones estará a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Además, se ha estipulado que cualquier propiedad intelectual derivada de esta asesoría pertenecerá exclusivamente a la República de Colombia y se mantendrá bajo reserva, salvo que exista una autorización expresa para lo contrario.
Finalmente, la Presidencia justificó la contratación directa y la omisión de los topes salariales habituales mediante una certificación interna. En dicho documento se asegura que el personal de planta de la institución no posee las competencias para ejecutar una defensa de esta magnitud en el exterior. Asimismo, se aclaró que la mayor parte de las gestiones se realizarán fuera del territorio colombiano, ya que el litigio se desarrolla ante organismos y autoridades de carácter internacional.
Fuente: Infobae