La venta directa de un predio municipal de 93 hectáreas en el cantón La Libertad, aprobada por el Concejo Cantonal el pasado 18 de diciembre, ha generado una creciente polémica local y podría derivar en acciones judiciales. El proceso fue autorizado con cuatro votos a favor y tres en contra, y contemplaba inicialmente una transacción por USD 2,7 millones a favor de una joven identificada como Jenny R., de 24 años.
El terreno se encuentra ubicado en el paso lateral que conecta La Libertad con Salinas, cerca de la represa Velasco Ibarra, en una zona estratégica para el desarrollo urbano y turístico de la península. El sector se encuentra a pocos minutos de Punta Carnero, el Paseo Shopping La Península y el aeropuerto General Ulpiano Páez, aunque actualmente no registra proyectos inmobiliarios consolidados, salvo asentamientos dispersos y piscinas de sal.
El concejal Bruno Dedé, uno de los ediles que votó en contra de la operación, ha manifestado serias dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso, particularmente por el valor fijado del terreno, que fue establecido mediante ordenanza en USD 2,94 por metro cuadrado, pese a que predios cercanos alcanzan valores de hasta USD 9 por m².
Durante sesiones del Concejo, Dedé cuestionó las razones técnicas de esta diferencia y también alertó sobre la celeridad del trámite, ya que los informes habilitantes fueron emitidos en pocos meses. Además, recordó que en años anteriores se habían negado solicitudes para el uso agrícola del mismo terreno, mientras que ahora se aprobó su destino para un proyecto de agroturismo.
Otro punto que ha generado inquietud es el perfil económico de la compradora. El edil aseguró que la joven no registra RUC activo, no pertenece al régimen RIMPE ni consta una actividad económica que sustente una inversión de esa magnitud. Según detalló, Jenny R. obtuvo en 2025 un título universitario en Ciencias de la Educación Básica.
Ante estos elementos, Dedé indicó que presentó una alerta ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) por una presunta operación inusual, y adelantó que se prepara una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la diferencia de avalúos en terrenos de la misma zona.
El concejal también aclaró versiones que señalaban que la venta no se habría concretado. Explicó que, si bien el desembolso no se habría realizado, el Concejo ya expresó su voluntad administrativa de aprobar la compraventa, lo cual consta en una resolución formal.
Posteriormente, la tarde del jueves 8 de enero, la joven solicitante informó su desistimiento de la compra y pidió una rectificación parcial de la resolución, planteando que el predio sea adjudicado directamente a una empresa que financiaría el proyecto. De darse este escenario, el trámite deberá regresar al Concejo para un nuevo análisis jurídico.
La controversia se profundizó tras difundirse una versión de la joven en la que afirmó que su identidad habría sido suplantada y que sus documentos fueron presuntamente robados, asegurando no estar vinculada a la transacción. Dedé señaló que esta declaración genera aún más dudas, ya que no constan denuncias previas por robo de documentos y, además, en el oficio de desistimiento la joven reconoce haber mantenido una reunión con el alcalde Francisco Tamariz.
El alcalde, por su parte, ha defendido la legalidad del proceso y señaló que el proyecto representaría una de las mayores inversiones para el cantón. Reconoció haber tenido un diálogo con la joven cuando expresó su interés en el proyecto, aunque indicó que no actúa como vocero de terceros. Desde la Alcaldía se informó que en los próximos días se prevé un pronunciamiento oficial sobre el tema.
En medio de la controversia, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) inició el 6 de enero una acción de vigilancia de oficio contra el Municipio de La Libertad, al advertir posibles actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico relacionados con la presunta venta del predio municipal. La entidad recordó que las decisiones públicas deben priorizar el interés colectivo, así como los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
KG