El primer mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ejerció este jueves su facultad de veto integral sobre el proyecto legislativo que buscaba atenuar las sentencias contra Jair Bolsonaro y los demás involucrados en la trama golpista posterior a los comicios de 2022. El expresidente Bolsonaro enfrenta actualmente una condena de 27 años de prisión por su rol en estos hechos.
La firma de este veto se produjo en el marco de un acto conmemorativo en la capital, Brasilia, justo cuando se cumple el tercer aniversario de la irrupción violenta a las sedes de los tres poderes del Estado, ejecutada por simpatizantes del bolsonarismo.
Es importante destacar que el veto de Lula puede ser revertido por el Congreso Nacional, el cual tiene la potestad de ratificar la normativa y convertirla en ley sin necesidad del respaldo del jefe de Estado.
El proyecto, que recibió previamente el visto bueno del Senado, propone una reducción significativa de los castigos para quienes participaron en el asalto institucional del 8 de enero de 2023. Según el texto, estas rebajas podrían alcanzar hasta un 70% en determinadas circunstancias.
La postura del Ejecutivo frente al proceso judicial
De acuerdo con la visión de Lula, es indispensable que la justicia esclarezca cada pormenor de lo ocurrido antes de evaluar cualquier beneficio de clemencia para los sentenciados.
“Todavía no ha acabado el proceso”
, había advertido el presidente en el mes de diciembre, haciendo hincapié en que se debe proteger la memoria democrática de la nación para prevenir futuras amenazas.
De entrar en vigor esta reforma, Jair Bolsonaro —quien fue sentenciado a 27 años como cabecilla del movimiento golpista— podría recibir un beneficio que reduzca su estancia mínima a tan solo dos años y cuatro meses en régimen cerrado. En la actualidad, el exgobernante cumple su pena en una celda especial localizada en la central de la Policía Federal de Brasilia.
Origen y debate de la propuesta legislativa
La iniciativa fue promovida inicialmente por sectores de la oposición bajo la figura de una amnistía general. No obstante, durante su tránsito por el Congreso, la propuesta fue reestructurada para limitar su beneficio exclusivamente a los delitos cometidos contra el Estado Democrático de Derecho.
Por su parte, el senador Esperidião Amin, quien desempeñó el rol de relator de la iniciativa, sostuvo que el objetivo no es conceder perdones sin distinción, sino realizar una revisión técnica sobre la proporcionalidad de las sentencias.
“La intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”
, precisó el legislador durante las sesiones de diciembre.
Finalmente, cabe señalar que la normativa fue aprobada originalmente con una votación de 48 votos a favor y 25 en contra. El proyecto llegó a su etapa final tras un acuerdo político entre los bloques del oficialismo y la oposición para dar celeridad a su tratamiento antes del cierre del ciclo legislativo anual.
Fuente: Infobae