Más allá de la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos, resulta imperativo no perder de vista la grave inseguridad alimentaria que ha golpeado a Venezuela de manera persistente. Este fenómeno trasciende la simple carencia de comestibles; involucra factores críticos como el acceso, la calidad nutricional, la estabilidad del suministro y la dignidad de las personas. En la actualidad, aunque los estantes puedan mostrar productos, gran parte de la población enfrenta barreras insalvables para adquirirlos con regularidad, lo que deriva en dietas deficientes.
Esta problemática se ha consolidado como un fallo estructural durante la última década, fluctuando en severidad según los vaivenes de la economía nacional, los índices inflacionarios y la disponibilidad de financiamiento para ayuda humanitaria.
Un panorama crítico y urgente
Diversas organizaciones internacionales coinciden en la gravedad del escenario. Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), cerca del 15 % de la población (equivalente a unos 4 millones de ciudadanos) precisa asistencia alimentaria de carácter urgente. Además, se estima que el 40 % de los habitantes sufre de inseguridad alimentaria en niveles moderados o severos. Al hablar de una condición “moderada”, se hace referencia a la reducción en la cantidad y calidad de las porciones, mientras que la “severa” implica la ausencia total de alimentos por periodos prolongados.
Por su parte, el informe del 29 de diciembre de 2025 emitido por la FAO-GIEWS sitúa a Venezuela como uno de los países con mayores necesidades humanitarias en la región, estimando que 7,9 millones de personas requieren apoyo inmediato, especialmente en el ámbito de la seguridad alimentaria.
La realidad dentro de los hogares venezolanos
La percepción directa de las familias permite dimensionar el impacto cotidiano de esta crisis. La Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2024, coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello, reveló datos alarmantes: el 78,1 % de los encuestados manifestó temor constante a que sus alimentos se agoten, y un 41,1 % confirmó haberse quedado sin comida en su vivienda en algún momento.
Este estado de
“estrés alimentario”
obliga a los núcleos familiares a tomar medidas desesperadas, como disminuir las porciones diarias, priorizar productos económicos pero poco nutritivos, contraer deudas o sacrificar inversiones básicas en salud y educación.
Inflación y el desplome del poder de compra
El motor principal de esta precariedad es la destrucción del ingreso real. La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna reportó en noviembre de 2025 que las condiciones macroeconómicas han profundizado la crisis, con una inflación que superó el 100 % entre 2024 y 2025, impulsada por la inestabilidad en el tipo de cambio.
Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son preocupantes: se espera que la inflación escale del 269,9 % actual hasta un astronómico 682 % para el año 2026. Mientras tanto, el salario mínimo nominal permanece estancado desde 2022 en apenas 130 bolívares mensuales, lo que representa escasos 43 centavos de dólar.
Esta brecha entre precios y salarios provoca que incluso los trabajadores activos reduzcan el consumo de proteínas, frutas y vegetales. Al cierre de 2025, el bolívar venezolano sufrió una devaluación del 82,7 % frente a la divisa estadounidense, pulverizando el ahorro familiar.
A esta situación se añade la extrema dependencia de las importaciones, que cubren cerca del 60 % del suministro nacional. En 2024, las compras externas de alimentos sumaron 3.022 millones de dólares, y solo entre enero y julio de 2025, dicha cifra ascendió a 5.837,1 millones de dólares, un incremento del 11,3 % respecto al ciclo anterior.
Impacto en la salud y desnutrición infantil
Las secuelas de la mala alimentación son evidentes, especialmente en los grupos más vulnerables. Cáritas Venezuela advierte que entre 8 y 10 de cada 100 niños evaluados presentan desnutrición aguda severa con riesgo vital. Asimismo, la desnutrición crónica ha pasado del 18 % en 2016 a casi el 30 % en la actualidad.
La crisis también golpea a las mujeres: más del 40 % de las embarazadas sufren déficit nutricional agudo y un 24 % de las mujeres en edad fértil padecen anemia. Para sobrevivir, los hogares recurren a estrategias extremas:
- Liquidación de ahorros personales (76 % de los hogares).
- Endeudamiento para la compra de comida (54 %).
- Venta de activos y bienes propios.
Desigualdad territorial y fallos en servicios
La vulnerabilidad no es uniforme en todo el país. Los datos de la ENCOVI señalan que más del 70 % de los hogares se mantienen en pobreza de ingresos, pero la situación es más drástica en zonas rurales, fronterizas y con población indígena. En estos sectores, los ciudadanos reportan con mayor frecuencia el reemplazo de productos frescos por carbohidratos baratos.
El colapso de los servicios públicos agrava el panorama: en enero de 2025 se contabilizaron más de 54.000 fallas eléctricas. Además, encuestas recientes indican que un 86 % de la población recibe agua de mala calidad (fétida o sucia) y un 87 % depende de un sistema ineficiente de distribución de gas por bombonas.
En conclusión, Venezuela enfrenta una emergencia alimentaria que combina el hambre inmediata con una desnutrición crónica derivada de dietas deficientes. La estabilización macroeconómica y el apoyo humanitario internacional son fundamentales para evitar que este escenario continúe deteriorándose y para proteger el bienestar de millones de ciudadanos.
Fuente: Infobae