El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió el 31 de diciembre de 2025 a la Corte Constitucional el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI).
Ecuador vuelve así a mirar estos instrumentos que había abandonado en 2017.
En ese año, el entonces presidente Rafael Correa denunció 17 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por incluir la posibilidad de que inversionistas extranjeros presenten arbitrajes internacionales para resolver sus controversias con el Estado ecuatoriano en cortes internacionales, algo que contradice el artículo 422 de la Carta Magna.
Denunciar un tratado es retirarse formalmente de este acuerdo internacional. Correa fue un gran crítico de este tipo de instrumento y los acusó de abrir la puerta a millonarios juicios de petroleras y empresas eléctricas en cortes extranjeras, lo que consideraba que afectaba la soberanía y la economía del país.
El artículo 422 de la Carta Magna establece que Ecuador solo puede acudir a arbitrajes en el exterior que tengan como sede cortes en Latinoamérica.
Los tratados que Correa denunció eran con: Estados Unidos, Italia, Bolivia, Perú, España, Canadá, Argentina, Venezuela, Brasil, Francia, Suecia, Chile, Suiza, China, Alemania y Gran Bretaña, que incluye a Irlanda del Norte.
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