En el estado de Mérida, las autoridades policiales procedieron con la captura de dos hombres de 64 y 65 años de edad. La acusación formal señala que ambos individuos se encontraban presuntamente involucrados en
“celebrar el secuestro”
del depuesto gobernante Nicolás Maduro y de su cónyuge, Cilia Flores. Este suceso ha sido catalogado por diversas organizaciones de derechos humanos como parte de una estrategia represiva para silenciar cualquier muestra de entusiasmo tras la aprehensión del dirigente por parte de unidades de Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (IAPEBM), los efectivos actuaron tras recibir alertas sobre sujetos que estarían perturbando el orden en el sector Los Cedros, perteneciente a la parroquia Río Negro, en la jurisdicción de Guaraque.
Detalles del procedimiento policial
La documentación de la policía sostiene que los ciudadanos arrestados
“se encontraban gritando consignas en contra del Gobierno, celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, ofendiendo a vecinos militantes del PSUV e incitando a la violencia, además de efectuar detonaciones con arma de fuego”
. Durante el allanamiento a la propiedad de los sospechosos, las fuerzas del orden reportaron el hallazgo de un revólver Smith & Wesson con un total de seis cartuchos (cinco de ellos ya utilizados) y una escopeta cuya marca no pudo ser identificada. Los implicados permanecen bajo custodia en la unidad policial de Guaraque.
Este escenario de detenciones en la región andina coincide con un endurecimiento de las tácticas de control en todo el territorio venezolano luego de que fuerzas especiales norteamericanas capturaran a Maduro el pasado sábado. Aunque en el exterior se registraron festejos masivos, dentro de las fronteras de Venezuela el ambiente es de cautela extrema. Expertos indican que la ausencia de celebraciones públicas responde directamente al miedo a las represalias estatales.
Represión contra la prensa y vigilancia digital
El pasado lunes, la situación se tensó en la capital, donde al menos 14 periodistas resultaron detenidos en Caracas. Los comunicadores se encontraban realizando la cobertura de la toma de posesión de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina. El gremio de trabajadores de la prensa informó que, si bien la mayoría de los reporteros —muchos de ellos de medios internacionales— fueron liberados horas después, uno de ellos sufrió un proceso de deportación.
En las arterias viales de Caracas, la vigilancia es asfixiante. Se ha reportado el despliegue de agentes fuertemente equipados y de los denominados “colectivos”, grupos de civiles armados afines al oficialismo. Testimonios locales indican que estos grupos detienen a ciudadanos para inspeccionar sus dispositivos móviles, buscando evidencias de críticas hacia la administración política.
- Uso de drones y disparos disuasivos en zonas gubernamentales.
- Presencia masiva de patrullajes motorizados en sectores populares.
- Revisión de contenidos en aplicaciones de mensajería privada.
Una habitante de la zona, que optó por el anonimato, describió el clima actual:
“Hay gente militar en cada esquina y grupos de civiles armados apoyando al gobierno que están causando temor entre la población”
. Paralelamente, en el populoso barrio de Petare, líderes comunitarios informaron sobre la presencia de
“hombres encapuchados con armas patrullando, revisando los estados de WhatsApp de la gente”
.
La historia reciente de Venezuela ya registra antecedentes similares. Tras los comicios presidenciales de 2024, donde el oficialismo se adjudicó el triunfo a pesar de los datos presentados por la oposición, se contabilizaron más de 2.000 detenciones de manifestantes.
En aquel periodo, la táctica de revisar teléfonos celulares fue recurrente, obligando a miles de personas a eliminar rastros de sus redes sociales para evitar condenas por “traición”. Según las cifras proporcionadas por la organización Foro Penal, hasta el 5 de enero, el número de prisioneros políticos en el país superaba los 800 casos.
Análisis de la crisis actual
Andrei Serbin Pont, quien preside el centro de investigación CRIES en Buenos Aires, analizó que
“la presencia de colectivos en las calles está claramente destinada a reforzar el esquema de represión interna del gobierno y prevenir movilizaciones populares a través del miedo”
. En este contexto de inestabilidad, la noche del lunes se escucharon ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Fuentes cercanas al Ejecutivo explicaron que la seguridad realizó
“disparos de forma disuasiva”
debido a la supuesta detección de aeronaves no tripuladas (drones) no identificadas en el perímetro de la casa de gobierno.
Fuente: Infobae