El Ministerio Público de Venezuela ha oficializado la conformación de una delegación técnica de alto nivel destinada a indagar los decesos de numerosos ciudadanos, entre civiles y efectivos militares, ocurridos durante la reciente incursión de fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano. El anuncio fue realizado por el Fiscal General, Tarek William Saab, tras la captura de Nicolás Maduro y su cónyuge. Esta comisión especial, integrada por tres fiscales, tendrá la tarea de reconstruir los sucesos y recolectar evidencias sobre las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos. Durante su declaración, el funcionario calificó la maniobra extranjera como una “agresión inusitada contra la patria venezolana” y aseveró que la misma constituye un crimen de guerra.
En su alocución pública, Saab denunció que la detención del mandatario vulnera de forma directa el Derecho Internacional, argumentando que su posición como jefe de Estado le otorga una protección jurídica inquebrantable. Según el fiscal, la inmunidad presidencial no es un beneficio arbitrario, sino un pilar normativo básico de escala global. Al respecto, el titular de la acción penal afirmó:
“La inmunidad del presidente no es solo una prerrogativa personal o individual sino un principio de rango constitucional de escala universal, y una norma fundamental del derecho Internacional”
Añadió además que esta acción por parte de Washington sitúa tanto a los Derechos Humanos como al marco legal internacional “a las puertas de la agonía”.
Exigencia de liberación inmediata
El representante de la justicia venezolana instó a las autoridades estadounidenses a concretar la liberación inmediata y sin condiciones de Nicolás Maduro y su esposa. Argumentó que el arresto carece de legitimidad y resulta incompatible con instrumentos internacionales de gran relevancia, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución de los Estados Unidos. Bajo este análisis, Saab subrayó que cualquier procedimiento judicial derivado de estas circunstancias es “totalmente nulo”.
En el marco de la reestructuración del poder, el fiscal reconoció formalmente la designación de Delcy Rodríguez como la nueva presidenta encargada de la nación tras la detención de Maduro. Manifestó su pleno respaldo al nuevo liderazgo y destacó que la “cooperación entre poderes públicos” resulta un pilar constitucional vital para sostener la estabilidad y la paz democrática en el país ante la actual coyuntura.
Investigación por víctimas mortales
Durante la rueda de prensa, se puso especial énfasis en la magnitud de las pérdidas humanas resultantes de la operación militar estadounidense. Tarek William Saab mencionó que existen decenas de víctimas mortales, abarcando tanto al sector civil como al militar. La misión de la comisión especial coordinada por la fiscalía será garantizar el esclarecimiento total de estos hechos, los cuales son procesados bajo la premisa de ser actos constitutivos de un crimen de guerra.
La protesta de Venezuela ante la comunidad internacional se centra en la vigencia del principio de inmunidad de los jefes de Estado. Para el fiscal, este no es solo un asunto de derechos individuales, sino un componente central del ordenamiento jurídico internacional. El funcionario planteó que la actuación de Washington contra Maduro afecta normativas ampliamente reconocidas y pone en riesgo los instrumentos internacionales de protección de garantías fundamentales.
Las instituciones del Estado han respondido con un despliegue de medidas legales y mecanismos de garantía. Además de la solicitud formal para revertir la detención, se han activado protocolos de investigación interna. Se resalta una estrecha vinculación entre la intervención armada extranjera y la consecuente crisis en materia de derechos humanos, que alcanza tanto a los líderes del Estado como a la población civil y militar venezolana.
Finalmente, la fiscalía ha determinado que las muertes vinculadas a esta acción son una consecuencia directa de la intervención. Por ello, se ha establecido la responsabilidad de buscar justicia para las víctimas y determinar las causas exactas de lo ocurrido, en un escenario donde los principales órganos de Venezuela se reconfiguran estratégicamente tras el arresto de la pareja presidencial.
Fuente: Infobae