En una audiencia marcada por un riguroso operativo de seguridad, el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York. Durante el acto procesal, el exmandatario se declaró “no culpable” de las acusaciones federales que lo vinculan con delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Este evento judicial se produjo de forma simultánea a la instauración del nuevo Parlamento en la capital venezolana, donde Delcy Rodríguez tomó juramento como nueva jefa del régimen. Por disposición de la Corte Suprema, Rodríguez ejercerá dichas funciones por un lapso de 90 días prorrogables.
En este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puntualizó que la incursión militar que terminó con el poder del dictador se ejecutó sin la colaboración de los colaboradores más cercanos de Maduro. No obstante, el mandatario estadounidense admitió que “muchos querían hacer un acuerdo” para viabilizar una salida del poder.
Incidentes cerca del Palacio de Miraflores
Al caer la noche del lunes, diversos reportes ciudadanos alertaron sobre ráfagas de disparos y estruendos en las cercanías del Palacio de Miraflores. Fuentes consultadas indicaron que los cuerpos de seguridad realizaron “disparos de forma disuasiva” motivados por el sobrevuelo de drones en el área, aclarando de forma enfática que “no ocurrió ningún enfrentamiento” y que la capital se mantiene en calma.
La ONU advierte crisis de Derechos Humanos
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos expresó su alarma por la creciente militarización e inestabilidad tras la intervención ocurrida el pasado sábado. Según el organismo internacional, las garantías fundamentales en el país “han sido violadas durante demasiado tiempo” y la situación actual podría agravar este escenario.
El organismo internacional detalló que el estado de emergencia implementado por las actuales autoridades faculta diversas medidas restrictivas, entre las que destacan:
- Limitaciones a la libre circulación de ciudadanos en el territorio nacional.
- Confiscación de bienes y recursos considerados estratégicos para la defensa nacional.
- Suspensión del derecho a la protesta y a la reunión pública.
Debido a esto, la ONU hizo un llamado urgente tanto a las autoridades de Venezuela como a las de Estados Unidos para “garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos”. Asimismo, recordaron que existe un “continuo deterioro” en esta materia que se ha prolongado por una década.
Asistencia sanitaria desde Brasil
El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, informó sobre el envío de un cargamento de ayuda humanitaria enfocado en material sanitario básico. Esta decisión se tomó tras la destrucción de un centro logístico durante las operaciones militares recientes.
Padilha destacó que el apoyo incluye fármacos y equipos para pacientes renales, considerando que en Venezuela residen aproximadamente 16.000 ciudadanos en tratamiento de diálisis.
“Estamos buscando movilizar, utilizando la estructura del SUS y empresas privadas, insumos para diálisis y medicamentos, y brindaremos ese apoyo al pueblo venezolano, cuyo centro de distribución fue atacado”
, reza el comunicado oficial brasileño.
Liberación de periodistas y situación de la prensa
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela reportó la liberación de 14 periodistas que permanecían detenidos. Este anuncio se dio en el marco del inicio del nuevo periodo legislativo 2026-2031 en Caracas.
La organización sindical explicó que, de los comunicadores liberados, la mayoría pertenecen a medios internacionales. Sin embargo, informaron que dos trabajadores de la prensa continúan bajo custodia de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y un reportero adicional fue deportado del país.
Paralelamente, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció una “escalada represiva”. La organización alertó que diversos periodistas han sufrido hostigamientos y el borrado forzoso de material audiovisual mientras cubrían eventos en las fronteras venezolanas.
Postura de la Cámara de Representantes de EE. UU.
El titular de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, defendió la validez jurídica de la operación para capturar a Nicolás Maduro, justificando que no era necesaria la aprobación previa del Congreso.
Johnson fue categórico al afirmar: “No estamos en guerra. No tenemos fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela ni estamos ocupando ese país”. Además, subrayó que el objetivo de la Casa Blanca no es la construcción de una nueva nación, sino que el operativo representa “una exigencia de cambio de comportamiento por parte de un régimen”.
Fuente: Infobae