El escenario político colombiano se encuentra en un punto de alta tensión tras las recientes declaraciones del senador por la Alianza Verde, Jota Pe Hernández. El congresista se ha convertido en el protagonista de un intenso debate nacional debido a una denuncia penal interpuesta en su contra por el Gobierno de Colombia, motivada por sus gestiones ante autoridades extranjeras.
La acción judicial fue impulsada de manera oficial por el Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, y el Ministerio de Justicia, bajo la representación de Andrés Idárraga. Ambos funcionarios presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia formal que señala a Hernández y a otros parlamentarios de presuntos delitos graves.
Graves acusaciones contra el senador
A los legisladores se les señala de haber promovido, presuntamente, una intervención de carácter militar por parte de los Estados Unidos en territorio colombiano. Estas acciones estarían tipificadas bajo los delitos de participación en hostilidades contra la patria y menoscabo a la integridad nacional, según lo estipulado en los artículos 455 y 458 del Código Penal de Colombia.
Pese a la gravedad de los cargos, el senador Hernández se mostró desafiante durante una entrevista concedida a W Radio, donde comparó la situación con el panorama político de Venezuela.
“Este sí que es un Happy New Year, como dice Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos, sino también para los colombianos, porque después de su captura, aquí se va a venir una oleada de capturas de todos los que han sido cómplices del régimen”
, afirmó el congresista, sugiriendo que el presidente Gustavo Petro podría enfrentar procesos judiciales ante la justicia estadounidense.
Pedido formal al Departamento de Estado
Durante su intervención, el integrante de la Alianza Verde profundizó en su postura y confirmó que ha tomado medidas directas. Jota Pe Hernández envió un oficio formal a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, con el fin de solicitar una indagación minuciosa sobre la transparencia de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en el año 2022.
La solicitud del senador se fundamenta en sospechas sobre el ingreso de recursos no reportados. Según su denuncia, existen indicios de que capitales provenientes del régimen de Nicolás Maduro, así como de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y grupos armados al margen de la ley, habrían permeado la contienda electoral. Para sostener estas afirmaciones, el congresista recordó los polémicos audios filtrados en 2023 de Armando Benedetti, actual ministro del Interior, quien mencionó haber gestionado cerca de $15.000 millones para la campaña, suma que supuestamente no fue debidamente declarada ante el Consejo Nacional Electoral.
Controversia por el lenguaje y posible extradición
Al ser consultado sobre el tono agresivo de sus publicaciones en redes sociales, donde ha utilizado calificativos como “despreciable” hacia el jefe de Estado, Hernández no retrocedió. 
Ante la mención de sus frases sobre que el presidente debería “mantener sus calzoncillos limpios”, el senador respondió de forma tajante:
“Para nada y vuelvo y le reafirmo que mantenga sus calzoncillos limpios porque el primer mandatario de los Estados Unidos ha dicho que tiene los ojos puestos sobre Gustavo Petro”
. El parlamentario argumentó que la situación actual del país exige un lenguaje firme y directo.
Además, planteó un escenario en el que la justicia colombiana no sería el destino final del mandatario si se comprueban vínculos delictivos transnacionales. Hernández enfatizó que, ante una eventual culpabilidad por complicidad con el narcotráfico o el régimen venezolano, el presidente debería rendir cuentas en el exterior.
“No crean ustedes que si Gustavo Petro aparece culpable de ser cómplice del narcotráfico y del régimen dictatorial de Venezuela entonces lo van a dejar pagando acá en Colombia”
, advirtió.
Vínculos con investigaciones internacionales
El pedido del senador también busca que las autoridades norteamericanas utilicen su capacidad de rastreo financiero para identificar el origen de los fondos cuestionados. Como sustento, citó informes previos de Washington que detallan la relación de Caracas con organizaciones criminales que operan en Colombia.
Asimismo, hizo referencia a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de los Estados Unidos contra el régimen venezolano, lo cual, según su perspectiva, le da mayor validez a sus dudas sobre los nexos entre ambos gobiernos. 
Firmeza ante la denuncia del Gobierno
Mientras el Gobierno Nacional sostiene que las peticiones del senador a una potencia extranjera vulneran la soberanía y constituyen delitos de traición, Jota Pe Hernández aseguró que no tiene intenciones de retractarse de sus palabras ni de sus acciones. El ejecutivo insiste en que acusar a un mandatario en ejercicio ante organismos externos de esta manera es una falta grave a la ley colombiana.
Finalmente, el legislador concluyó reafirmando su compromiso con la investigación:
“Yo me reafirmo en que el Gobierno de los Estados Unidos tiene que investigar a fondo si Gustavo Petro tiene alguna relación y complicidad con el régimen de Nicolás Maduro”
. El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar si el actuar del congresista se enmarca dentro de sus funciones o si incurrió en las infracciones denunciadas por los ministerios.
Fuente: Infobae