El panorama político de Colombia ha iniciado con una intensa controversia tras la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar a una gran movilización nacional para el año 2026. Esta iniciativa, que representa el primer llamado a las calles de dicho año, fue comunicada por el mandatario a través de diversas plataformas digitales como una reacción directa a las recientes y polémicas afirmaciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dirigido fuertes críticas hacia la gestión del ejecutivo colombiano.
De acuerdo con lo expuesto por el presidente Petro, esta jornada ciudadana tiene como propósito fundamental la salvaguarda de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación del país. El mandatario interpretó los señalamientos de Trump —quien lo calificó de “enfermo” y lo acusó de favorecer economías ilegales— como una amenaza a la estabilidad de la región, mencionando incluso la posibilidad de intervenciones militares en territorio nacional.
La agenda para esta concentración ya ha sido establecida para el próximo miércoles 7 de enero de 2026. La cita está programada a partir de las 4:00 de la tarde en las plazas principales de las ciudades más importantes del país. El propio Gustavo Petro confirmó que encabezará el evento desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde ofrecerá un discurso que servirá como réplica oficial a los ataques provenientes de Washington.
En sus intervenciones en redes, el jefe de Estado subrayó que
“se han reunido fuerzas sociales”
para dar soporte a esta protesta masiva, la cual busca enviar un mensaje al mundo de que Colombia es una nación “libre” que no se doblegará ante injerencias externas. Asimismo, el mandatario instó a la población a manifestar su respaldo izando la bandera de Colombia en sus hogares como un acto simbólico de unidad nacional frente a las presiones del extranjero.
Duras críticas de Daniel Briceño a la convocatoria
La propuesta del Ejecutivo no tardó en generar una ola de rechazo entre los sectores de oposición, quienes ven en este llamado un componente puramente electoral debido a la cercanía con los comicios presidenciales. Uno de los detractores más visibles ha sido el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien fue enfático en desmarcarse de la iniciativa gubernamental.
Briceño manifestó públicamente su negativa a participar, señalando que el Gobierno intenta utilizar la figura de la victimización para presionar a contratistas y sectores institucionales. El político advirtió que apoyar al presidente en este contexto sería equivalente a una falta de lealtad hacia las instituciones colombianas.
“Solidarizarse con Petro y Maduro es traicionar al país y a la institucionalidad misma”
, sentenció de forma tajante el exconcejal.
Cuestionamientos por el uso de recursos estatales
A las críticas se unió Alejandro de Bedout, concejal de Medellín y abogado, quien denunció que el Gobierno Nacional estaría utilizando la infraestructura estatal para fines políticos personales. Según el cabildante, Petro
“salió a convocar marchas”
empleando los logotipos oficiales de los ministerios y las cuentas de redes sociales de las entidades públicas para promover su defensa ante la comunidad internacional.
De Bedout calificó esta estrategia como “descarada”, argumentando que la actual administración debería enfocarse en solucionar los problemas de seguridad y orden público en lugar de fomentar la división social y la confrontación constante. El concejal insistió en que el tiempo de gestión del presidente se agota y los resultados reales para el país siguen siendo escasos.
Por su parte, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, también manifestó su desacuerdo con la movilización en plazas públicas. Para Ruiz Orejuela, este llamado a marchar no es un acto de valentía soberana, sino que denota “miedo” ante la presión internacional. El exfuncionario aclaró que, bajo su perspectiva, los ataques de Donald Trump no son contra la nación colombiana en su conjunto, sino señalamientos directos y personales hacia Gustavo Petro.
Finalmente, Ruiz Orejuela enfatizó que el uso de los símbolos patrios no debe servir para enmascarar errores administrativos o decisiones improvisadas. Sostuvo que la verdadera defensa de la soberanía se ejerce a través del respeto a la ley y el fortalecimiento de la seguridad nacional, y no mediante arengas y concentraciones masivas. Este escenario deja en evidencia una polarización creciente en Colombia, donde cualquier movimiento del Ejecutivo es vigilado y cuestionado por una oposición que ya visualiza el tablero electoral de los próximos años.
Fuente: Infobae