Al inicio de su gestión, el presidente Gustavo Petro presentó la consolidación de la “Paz Total” como el eje central de su administración en Colombia. No obstante, cuando restan apenas ocho meses para la conclusión de su mandato de izquierda, la realidad del país se ve marcada por la persistencia de grupos armados y un conflicto interno que continúa siendo el desafío más crítico para la seguridad nacional.
El panorama se tornó especialmente sombrío durante 2025, año en el que fracasaron definitivamente los diálogos de paz con el ELN y las facciones disidentes de las Farc. Esta ruptura fue impulsada principalmente por las constantes acciones terroristas de estas organizaciones, lo que motivó a la organización especializada InSight Crime a publicar un análisis exhaustivo sobre los índices de violencia que azotaron al territorio colombiano en el ciclo que acaba de concluir.
Dicho informe enfatiza el peso del trasfondo histórico que impide a Colombia alcanzar una estabilidad duradera. Además, resalta cómo, en el periodo previo a los comicios presidenciales, la violencia se convierte en la herramienta principal de los grupos ilegales para ganar notoriedad y presencia en los centros urbanos más importantes del país.
Radiografía del conflicto en 2025
A principios de 2025, los acuerdos de no agresión pactados entre el Gobierno y grupos como el ELN y el Estado Mayor Central resultaron contraproducentes. Según los datos recopilados, este escenario facilitó el desplazamiento forzado de más de 60.000 ciudadanos, identificando a la región del Catatumbo como el epicentro de esta crisis humanitaria.
El informe identifica otros departamentos donde la gravedad del conflicto interno ha escalado de forma alarmante, entre los que se encuentran:
- Chocó y Nariño
- Cauca y Valle del Cauca
- Antioquia y Arauca
- Meta, Putumayo y Guaviare
En cuanto a la financiación de estas estructuras, se confirma que el narcotráfico y la minería ilegal siguen siendo los pilares económicos que sostienen su operatividad. En este contexto, Colombia mantiene su posición como el mayor productor de cocaína a nivel global, un factor que ha impedido al país distanciarse de las críticas y señalamientos de la comunidad internacional durante todo el año 2025.
El análisis también propone una mirada histórica sobre la evolución de la guerra en el siglo XXI, tomando como referencia los procesos de desmovilización de las AUC y las antiguas Farc-EP. Se destaca que, tras el proceso de paz de 2006 con los paramilitares, surgieron bandas criminales de alto impacto como el Clan del Golfo, un fenómeno que se ha replicado con la aparición de disidencias tras el acuerdo de 2016 con la guerrilla de las Farc.
“Grupos ilegales, como el ELN y los Gaitanistas, llenaron los vacíos territoriales dejados por las Farc. A la par, surgieron grupos disidentes y rearmados de las Farc que buscaban mantener su influencia en territorios clave para economías criminales, como la frontera con Venezuela, el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, y el suroccidente colombiano, fronterizo con Ecuador”
Un hito negativo registrado en 2025 fue la desertificación del Estado colombiano en sus esfuerzos contra el tráfico de drogas. Este retroceso evidencia que las instituciones están cediendo espacio frente a los grupos armados, quienes se han consolidado como los actores dominantes del negocio ilícito en toda la región.
El riesgo electoral de 2026
La etapa final del informe advierte que la intensidad de la violencia podría incrementarse conforme se acerquen las elecciones presidenciales de 2026. Esta preocupación surge ante las declaraciones de “Iván Mordisco”, comandante del Estado Mayor Central, quien ha proferido amenazas directas de represalias contra las operaciones militares que afectan a sus filas.
Respecto a la postura de esta disidencia, Mordisco manifestó lo siguiente:
“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”
Ante esta coyuntura, el análisis concluye que es imperativo que el Ministerio de Defensa concentre su capacidad operativa en las áreas más vulnerables. Se han identificado al menos ocho departamentos donde el control territorial de los grupos armados representa una amenaza directa para la transparencia y la libre participación política de la ciudadanía en el próximo ciclo electoral.
Fuente: Infobae