La justicia de Bolivia ha dado un nuevo paso procesal al admitir una denuncia penal reciente contra el exmandatario Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019. En esta ocasión, el proceso se centra en la presunta comisión de delitos de índole sexual en perjuicio de una persona menor de edad.
La acción legal fue interpuesta formalmente el pasado 30 de diciembre por Marcelo Alcázar, quien se desempeñó anteriormente como titular del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). La acusación no solo apunta al líder cocalero, sino que señala a otras diez personas como supuestos cómplices en un esquema de trata y tráfico de menores.
Detalles de la acusación y traslados de la víctima
El núcleo de la denuncia sostiene que una joven, identificada bajo el nombre de Noemí M., fue trasladada de forma sistemática a diversas localidades bolivianas entre los años 2015 y 2020. El objetivo de estos desplazamientos habría sido facilitar encuentros de carácter íntimo con Evo Morales, presuntamente iniciados desde que la víctima contaba con apenas 14 años de edad.
Según los pormenores del expediente, la joven Noemí M. habría realizado más de 30 vuelos para encontrarse con el entonces jefe de Estado. Estas movilizaciones se habrían efectuado omitiendo los controles legales obligatorios para el tránsito de menores de edad, careciendo del permiso correspondiente que debe emitir la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Presunta estructura criminal y exfuncionarios implicados
De acuerdo con la documentación oficial del proceso, registrada con el Código Único de Caso No. 201102012509349, los acusados habrían conformado una “organización criminal”. Esta red habría sido la encargada de gestionar toda la logística, los traslados y las acciones necesarias para encubrir los contactos entre la adolescente y el político.
Dentro de la lista de implicados que reporta el diario Correo del Sur, destacan figuras como Ronald Casso, quien fuera gerente de la aerolínea estatal BoA, y la jurista Carla Lorena Sandy, exviceministra de Igualdad de Oportunidades durante el año 2022. El proceso también involucra a otros exservidores públicos del entorno del exmandatario.
La vinculación con Noemí M. se hizo pública inicialmente en el año 2020, tras la salida de Morales del poder. En ese periodo se filtraron fotografías y conversaciones de WhatsApp que evidenciaban una relación cercana entre ambos; para ese entonces, la joven tenía 20 años, pero los registros de mensajería sugieren que el contacto comenzó a sus 14 años.
Asimismo, existen evidencias en formato de video que sitúan a la joven en actos públicos junto a Morales en febrero de 2020, específicamente en la ciudad de Ushuaia, Argentina, país donde el político se encontraba refugiado. Cabe destacar que existe una brecha generacional de 41 años entre los dos involucrados.
Antecedentes judiciales y situación actual de Morales
Este proceso se suma a otros antecedentes judiciales del expresidente relacionados con menores. En octubre de 2024, fue imputado por trata agravada de personas debido a su supuesta relación con otra adolescente de 15 años durante su mandato. Según los datos de la investigación, de aquel vínculo habría nacido una niña en 2016, inscrita en el Registro Civil de Yacuiba, al sur del país, siendo este documento una de las pruebas centrales.
A lo largo de los meses entre octubre de 2024 y enero de 2025, se emitieron diversas boletas de detención contra el exlíder sindical debido a su inasistencia a las citaciones judiciales. Ante esta situación, el magistrado Nelson Rocabado, de la jurisdicción de Tarija, procedió a:
- Declararlo en rebeldía ante la justicia boliviana.
- Dictar su arraigo para evitar que abandone el país.
- Ordenar la anotación preventiva de sus bienes materiales.
- Ejecutar el congelamiento de sus cuentas en el sistema bancario.
Pese a que las indagaciones llevan más de un año en curso, las órdenes de captura no han sido concretadas. Actualmente, Evo Morales permanece en su bastión político del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, resguardado por grupos de seguidores. Desde ese lugar, el expresidente sostiene que las causas en su contra carecen de fundamento jurídico y forman parte de una estrategia política para impedir su participación en futuros procesos electorales.
Fuente: Infobae