Una decisión del Municipio de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, ha concitado el interés político local y ciudadano. El Concejo Cantonal aprobó la venta directa de 93 hectáreas de terreno municipal por aproximadamente USD 2,7 millones a una joven de 24 años, identificada como Jenny Ramírez, lo que ha abierto un debate sobre transparencia y control institucional.
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La resolución fue adoptada el 18 de diciembre de 2025, con una votación dividida: cuatro concejales a favor y tres en contra.
Un terreno estratégico para el crecimiento urbano
El predio se encuentra en el sector Velasco Ibarra, al pie de la vía perimetral que conecta Guayaquil con Salinas y colinda con una represa. Aunque actualmente presenta maleza, desniveles y carece de servicios básicos -como agua potable, alumbrado público y vías asfaltadas-, su ubicación lo convierte en un punto clave para el desarrollo urbano del cantón.
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El terreno está situado a 6,5 kilómetros del centro de La Libertad, en una zona considerada estratégica para futuros proyectos inmobiliarios y turísticos.
Precio cuestionado y ordenanza reformada
El valor del predio fue fijado en USD 2,94 por metro cuadrado, luego de una reforma a la ordenanza municipal aprobada en octubre de 2025. Este tema es uno de los principales puntos de conflicto.
Los concejales que votaron en contra sostienen que el valor está por debajo del precio real del mercado. Según sus estimaciones, en sectores cercanos el metro cuadrado supera los USD 8 y, sobre la vía perimetral, alcanza hasta los USD 9.
El concejal Bruno Dedé, del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, junto a Winellys Naranjo, de la RC5, y Violeta Muñoz -quien integra el movimiento de Dedé-, cuestionan que la venta se haya realizado de forma directa y no mediante una subasta pública.
“Este terreno conecta directamente con Salinas, Punta Carnero y la vía perimetral hacia Guayaquil. Es estratégico y no debió venderse a este precio”.
Bruno Dedé, concejal de La Libertad.
A su criterio, una subasta habría permitido al municipio obtener mayores ingresos y garantizar un proceso más transparente.
Dudas sobre la compradora y el origen de los fondos
Otro punto de controversia es el perfil de la compradora. De acuerdo con información expuesta por el concejal Dedé, Jenny Ramírez, licenciada en Educación Básica, según registros de la Senescyt, no consta con RUC, Rimpe, afiliación al IESS ni registros en la Superintendencia de Compañías.
“¿De dónde provienen los USD 2,7 millones para adquirir este terreno?”, cuestionó el concejal, quien además señaló que el trámite se resolvió en apenas cuatro meses, con informes favorables emitidos en alrededor de cinco semanas, un plazo inusualmente corto en comparación con procesos similares.
PRIMICIAS realizó un recorrido por la parroquia de Ancón, donde está registrado su domicilio, pero al consultar a varios habitantes del sector sobre Jenny Ramírez, alegaron no conocerla.
Alcalde defiende la legalidad del proceso
El alcalde Francisco Tamariz ha dejado de pronunciarse en medios de comunicación y no se ha referido a este tema en sus redes sociales donde es muy activo.
Sin embargo, en su última intervención con el periodista Andrés López, sobre la venta de los terrenos, rechazó las acusaciones y defendido la operación, aseguró que el proyecto presentado es de carácter agroturístico y lo calificó como “la inversión más grande en los 32 años de cantonización de La Libertad”.
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