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Prisión preventiva para exgerente de Emapa por presunta corrupción

Un tribunal determinó que Franklin Flores, quien se desempeñó como gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en Bolivia, deberá cumplir detención preventiva en el centro penitenciario de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Esta resolución judicial se da bajo el marco de dos líneas investigativas: la primera por enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión; y la segunda por presuntas anomalías en la administración de harina subvencionada.

El exfuncionario permanecerá bajo custodia por un periodo inicial de seis meses mientras se desarrolla el proceso judicial. Además de los cargos mencionados, Flores enfrenta otras cuatro causas relacionadas con supuestas irregularidades en la gestión de plantas procesadoras de alimentos y el arrendamiento de maquinaria pesada.

La aprehensión de Flores se ejecutó el pasado 2 de enero, después de haber sido declarado en rebeldía. El exgerente se encontraba prófugo desde el mes de noviembre tras incumplir una medida de detención domiciliaria otorgada el 2 de octubre. Dicho proceso legal está vinculado directamente con la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de El Alto, proyecto que representó una inversión de 23 millones de dólares y fue inaugurado en 2024.

A pesar de que la planta fue presentada como un eje estratégico para la industrialización del tubérculo y la elaboración de derivados, su operatividad ha sido duramente cuestionada. La administración del presidente Luis Arce admitió que la infraestructura funcionaba apenas al 33% de su capacidad instalada, aunque se proyectaba alcanzar un rendimiento del 80% para finales del año pasado.

El ex gerente de la empresa estatal de alimentos de Bolivia escoltado por policías tras su detención en octubre de 2025.
Foto: Unitel

De forma paralela, el proyecto de la planta es objeto de una auditoría judicial por denuncias de irregularidades en su adjudicación y fase de construcción, lo que ha generado acciones legales contra otros antiguos servidores públicos de la entidad.

La investigación principal se originó a partir de una denuncia interpuesta por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Dicha entidad detectó que el patrimonio actual de Flores no presenta una relación lógica con los ingresos declarados ante la Contraloría General del Estado.

Según datos de la Fiscalía, los ingresos salariales de Flores entre los años 2022 y 2025 alcanzaron un total de Bs 700.000. No obstante, las autoridades identificaron un “excedente que no fue justificado” equivalente a Bs 209.150, monto que sustenta los indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito.

El fiscal anticorrupción, Johan Muñoz, precisó que las indagaciones también alcanzan a los colaboradores cercanos de Flores. Se analizan movimientos en cuentas bancarias de otros funcionarios que manejan sumas de dinero inconsistentes con sus salarios estatales.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos tiene supermercados en varias ciudades del país

Crisis y fiscalización en la estatal de alimentos

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) fue creada en 2007 con el objetivo de fortalecer la producción del agro y asegurar el abastecimiento de productos básicos en el país. Su operación consiste en la compra de granos a pequeños y medianos productores bajo precios de referencia para otorgar estabilidad al mercado y combatir la especulación.

Esta entidad estatal se encarga de procesar materias primas como arroz, trigo, soya y maíz, insumos que posteriormente son distribuidos a la industria panificadora, el sector avícola y el consumidor final. De esta manera, busca garantizar la seguridad alimentaria a precios equitativos para la población.

Sin embargo, en periodos recientes han surgido múltiples denuncias sobre compras con sobreprecio, adjudicaciones directas sin sustento y una deficiente trazabilidad en el uso de los recursos públicos. Estas críticas han sido respaldadas por informes de la Contraloría General y denuncias públicas de diversos sectores sociales y legisladores, poniendo bajo la lupa la transparencia administrativa de la institución.

Fuente: Infobae

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