La organización política Perú Primero, encabezada por el ingeniero Mario Vizcarra —hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020)—, expresó su rotundo rechazo ante la reciente resolución del Jurado Electoral Especial (JEE). El organismo electoral declaró improcedente la inscripción de su plancha presidencial, una medida que el partido considera un atropello a sus derechos de participación.
A través de un pronunciamiento oficial, la agrupación calificó la decisión como
“un absurdo jurídico”
. Según argumentan, el ente electoral incurrió en una contradicción al aceptar las tachas en contra de la lista después de haberla admitido “formalmente”. Asimismo, sostienen que la institución está ignorando que el Tribunal Constitucional ya estableció que el impedimento contemplado en la Ley 30717 no debe aplicarse a ciudadanos que ya han sido rehabilitados.
El JEE 1 dictó este fallo en primera instancia tras validar tres tachas interpuestas contra Mario Vizcarra. Estas impugnaciones se sustentan en una sentencia previa por el delito de peculado (malversación de fondos públicos), condena que el candidato recibió hace dos décadas y que ya fue cumplida en su totalidad.
La dirigencia de Perú Primero manifestó que este escenario no representa una situación aislada.
“Denunciamos que esto no es un hecho aislado, sino parte de una persecución política sistemática. Primero bloquearon arbitrariamente a nuestro líder fundador, Martín Vizcarra, y ahora buscan vetar a nuestro candidato presidencial por el evidente temor que tienen al respaldo popular de nuestro proyecto”
, señaló la agrupación en un comunicado.
Actualmente, el exjefe de Estado Martín Vizcarra se encuentra recluido en prisión desde el pasado 26 de noviembre. El exmandatario cumple una pena de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, tras ser hallado culpable de recibir sobornos que superan los 2,3 millones de soles durante su periodo como gobernador regional de Moquegua (2011-2014), previo a su llegada al poder ejecutivo.
Poco antes de que se emitiera el fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exgobernante renunció a su intención de ser el candidato presidencial de su partido. En su lugar, propuso a su hermano Mario para encabezar la fórmula, a pesar de que los sondeos lo ubicaban como una de las opciones con mayor intención de voto para los comicios de 2026 en caso de poder participar.
La agrupación política enfatizó que estos ataques, lejos de debilitarlos, han fortalecido su unidad interna. Por tal motivo, anunciaron que el próximo viernes 9 de enero realizarán un evento masivo para la presentación de sus aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados, buscando demostrar su vigencia política.
La justificación legal del ente electoral
Para el Jurado Electoral Especial, la normativa vigente prohíbe explícitamente la postulación de “quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad”. La autoridad aclaró que esta restricción se mantiene vigente “aun cuando hubieran sido rehabilitados” por la justicia ordinaria.
El organismo electoral justificó su posición señalando que existen “limitaciones razonables, necesarias y proporcionales” al derecho de participación política de los ciudadanos. Agregaron que la exclusión de personas con antecedentes por corrupción tiene como objetivo garantizar que la administración pública esté conformada por cuadros que posean probidad e idoneidad.
Al tratarse de una resolución de primera instancia, la determinación final sobre la viabilidad de la fórmula presidencial de Perú Primero está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El máximo ente electoral deberá emitir un pronunciamiento definitivo en un periodo de tres días.
Previamente, la semana pasada, el JEE de Lima Centro 2 ya había rechazado la postulación de Mario Vizcarra a una curul en el Senado. El fundamento utilizado para dicha desestimación fue el mismo: su antecedente por peculado.
La sentencia en cuestión data del año 2005, emitida por un juzgado en Moquegua. En aquel entonces, Mario Vizcarra fue condenado por peculado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, debido a que percibió una doble remuneración del Estado mientras presidía el Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua en el año 2001.
Fuente: Infobae