En el tramo final del año 2025, se ha confirmado que el Estado peruano tiene la obligación legal de efectuar un pago que asciende a casi 100 millones de dólares en favor del consorcio Kuntur Wasi. Esta resolución es consecuencia de un laudo arbitral internacional que favorece a la empresa, la cual ha estado envuelta en diversas polémicas desde que obtuvo la concesión para el aeropuerto internacional de Chinchero en el año 2014.
El monto establecido incluye tanto el capital principal como los intereses y los gastos operativos acumulados durante el proceso. A lo largo de los años, las determinaciones administrativas tomadas por las distintas gestiones gubernamentales parecieron favorecer sistemáticamente los intereses de la empresa privada, a pesar de las dudas iniciales sobre su viabilidad.
Antecedentes y cuestionamientos financieros en Chinchero
El origen de este conflicto se remonta a la adjudicación del terminal aéreo a Kuntur Wasi, grupo empresarial vinculado directamente con Aeropuertos Andinos. En aquel momento, diversos sectores técnicos manifestaron su escepticismo respecto a la solvencia financiera del consorcio para concretar la obra. Ante la dificultad de la empresa para conseguir el financiamiento privado, el Estado procedió a firmar una adenda que comprometía fondos públicos para respaldar la ejecución del proyecto.
Esta decisión administrativa derivó en una serie de investigaciones judiciales por un presunto favorecimiento irregular. Entre los señalados se encuentra el entonces ministro Martín Vizcarra, cuya gestión fue auditada por la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación. Aunque se abrieron múltiples expedientes, los resultados de las indagaciones no determinaron responsabilidades definitivas de manera inmediata.
La situación empeoró cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) optó por la resolución unilateral del contrato. Tras este quiebre, el desarrollo del aeropuerto pasó a un esquema de Gobierno a Gobierno (G2G) con Corea del Sur, mientras que Kuntur Wasi procedió a demandar al país ante instancias arbitrales internacionales por supuestos incumplimientos en el acuerdo original.
Impacto del laudo y debilidad en la defensa estatal
El fallo final del tribunal arbitral resultó adverso para el país, obligando al pago de las inversiones realizadas por el consorcio, además de costos adicionales. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha reportado que la defensa jurídica nacional no mantuvo una participación activa en momentos determinantes del litigio, lo cual habría facilitado el resultado negativo.
Incluso tras la emisión del laudo, el Estado no presentó las objeciones pertinentes, quedando en una situación de indefensión jurídica manifiesta. Como consecuencia directa, Kuntur Wasi recibirá la suma de 100 millones de dólares sin haber concluido la edificación del aeropuerto internacional.
Por otro lado, se ha recordado que Aeropuertos Andinos, firma relacionada al consorcio beneficiado, posee antecedentes de falta de inversión en otros terminales aéreos concesionados, incumpliendo los compromisos de mejora de infraestructura asumidos previamente. Esta situación genera un clima de incertidumbre ahora que Perú busca atraer nuevos capitales para un paquete de concesiones que incluye nuevamente el proyecto de Chinchero.
Nombramientos polémicos y falta de transparencia
Recientemente, el MTC ha nombrado como su representante ante la controversia a un funcionario que estuvo involucrado en la redacción de la polémica adenda original. Asimismo, se designó como directora general de aeronáutica civil a una exintegrante de las filas de Aeropuertos Andinos, según consta en las publicaciones oficiales del diario del Estado.
Estas decisiones han coincidido temporalmente con la programación del millonario pago al cierre del presente año, lo que ha despertado comparaciones con otros casos bajo sospecha, como la construcción del hospital de Moquegua durante la administración de Martín Vizcarra.
Ante este escenario, el actual gobierno de transición se encuentra bajo una fuerte presión social y política para ofrecer explicaciones transparentes sobre el manejo de los recursos en el sector transportes, una de las carteras con mayor asignación presupuestaria en la nación. La cadena de decisiones que beneficiaron a Kuntur Wasi sigue siendo un punto crítico en la agenda de fiscalización de la infraestructura estratégica del país.
Fuente: Infobae