La organización defensora de los derechos humanos Foro Penal ha manifestado la necesidad urgente de una amnistía general en favor de los 863 presos políticos que permanecen bajo custodia en Venezuela, de acuerdo con sus registros más recientes. Esta solicitud surge tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos, planteando la liberación de los ciudadanos perseguidos por razones políticas como una medida inicial indispensable para reducir la tensión de la actual crisis institucional que atraviesa el país.
“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”
Así lo expresó Alfredo Romero, director de la ONG, a través de una publicación en su perfil de la red social X. El directivo subrayó además que el Foro Penal mantiene su total disposición para colaborar en lo que sea requerido para concretar esta iniciativa.
Para Romero, la implementación de una amnistía general funcionaría como un mensaje inequívoco de distensión en medio del complejo panorama de incertidumbre política que vive la nación. No obstante, el jurista aclaró que esta medida debe enfocarse estrictamente en los procesos de persecución política, descartando cualquier tipo de perdón legal para aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, el representante del Foro Penal ratificó que la organización puede suministrar listados verificados e información técnica detallada para agilizar un posible proceso de excarcelación, siempre bajo parámetros jurídicos sólidos y el respeto integral a los derechos humanos.
Demandas de un cambio estructural
En sintonía con estas declaraciones, el vicepresidente de la mencionada organización, Gonzalo Himiob, sostuvo que decretar una amnistía de carácter general y plena debe ser la acción prioritaria si el objetivo es demostrar gestos de cambio “contundentes y serios”. Himiob enfatizó que estas liberaciones tendrían que ejecutarse de manera inmediata, eliminando cualquier condición o traba administrativa que limite su efectividad real.
El abogado también proporcionó la actualización más reciente sobre el estado de la población carcelaria por motivos ideológicos en Venezuela, la cual alcanza las 863 personas. Según el balance presentado por la ONG, esta cifra global comprende a 106 mujeres detenidas, entre quienes destacan los nombres de Sofía Sahagún y Emirlendris Benítez, casos que han sido denunciados constantemente por diversas plataformas de derechos fundamentales.
Adicionalmente, el censo incluye a nueve activistas y defensores de derechos humanos privados de su libertad, mencionando específicamente a Kennedy Tejeda y Javier Tarazona. La lista de Foro Penal también identifica a 86 ciudadanos extranjeros de múltiples nacionalidades, figurando entre ellos Angelique Corneille y Yevhenii Trush. La organización ha denunciado que la mayoría de estos expedientes están marcados por graves irregularidades procesales, arrestos efectuados sin órdenes judiciales previas y el uso excesivo de la prisión preventiva.
Un sector considerable dentro del reporte es el de los 176 militares encarcelados, grupo que integra a oficiales de distintos rangos, destacando el caso de Igbert Marín. De igual forma, se reporta la detención de al menos un adolescente, referido bajo las iniciales G.R. La ONG sostiene que estos arrestos evidencian un esquema sistemático de represión política dentro de las Fuerzas Armadas y la instrumentación del aparato penal para el control interno estatal.
Contexto de las excarcelaciones recientes
Este petitorio formal ocurre poco después de que el Foro Penal confirmara la liberación de 44 presos políticos el pasado viernes, grupo compuesto por 42 varones y dos mujeres. Estos beneficios procesales se suman a los 61 casos reportados el 29 de diciembre, aunque los activistas advirtieron que gran parte de estas salidas se otorgaron bajo medidas cautelares restrictivas, tales como la prohibición de salir del territorio nacional o regímenes de presentación periódica ante los tribunales.
Históricamente, entidades de peso global como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han recopilado evidencias sobre torturas, detenciones arbitrarias y quebrantamientos al debido proceso en territorio venezolano. En esta labor, el Foro Penal ha servido como un pilar informativo fundamental mediante su gestión persistente de documentación y verificación de cada expediente.
Finalmente, la organización insiste en que, si bien una amnistía para perseguidos y prisioneros no soluciona íntegramente la crisis de Venezuela, representaría un cambio de rumbo crucial en los ámbitos político y humanitario. La discusión sobre la aplicación de esta medida recobra relevancia en un proceso de transición incierta, donde el trato a los detenidos se percibe como una de las pruebas determinantes para cualquier intento de restauración del orden institucional.
Fuente: Infobae