Hugo Carvajal, identificado popularmente bajo el alias de “El Pollo”, desempeñó durante un extenso periodo el cargo de director de inteligencia militar en Venezuela, consolidándose como uno de los hombres de confianza del ya fallecido mandatario Hugo Chávez. Su rol estratégico en las cúpulas de poder le otorgó un conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno del chavismo y presuntas operaciones ilícitas ligadas al tráfico de sustancias estupefacientes. Aunque inicialmente mantuvo su lealtad hacia Nicolás Maduro tras el deceso de Chávez, en 2019 cambió de bando y manifestó públicamente su apoyo a Juan Guaidó, quien lideraba un esfuerzo por desplazar a Maduro con el respaldo de Estados Unidos.
En el mes de junio del año anterior, el exmilitar admitió su culpabilidad en cuatro cargos vinculados al narcotráfico y el narco-terrorismo, dentro de la misma causa judicial que involucra a Nicolás Maduro. Las autoridades de la justicia norteamericana sostienen que Carvajal aprovechó su jerarquía para coordinar el traslado de 5.580 kilogramos de cocaína mediante una aeronave que partió desde suelo venezolano con destino a México en el año 2006, recibiendo a cambio cuantiosas sumas de dinero por parte de mafias criminales. En la actualidad, Carvajal permanece detenido en el Metropolitan Detention Facility de Brooklyn, lugar donde también se encuentra recluido Maduro.
El valor estratégico de la cooperación
A pesar de que su reconocimiento de cargos no estuvo condicionado inicialmente por un beneficio de reducción de pena o un trato formal con los fiscales, Carvajal ha mostrado interés en colaborar con el gobierno estadounidense. Su representante legal, Robert Feitel, declaró que el otrora general posee datos de “extraordinaria importancia” para los organismos de seguridad nacional y la justicia de los Estados Unidos. Expertos en el área jurídica señalan que, debido a la magnitud de las imputaciones, esta colaboración podría derivar en una disminución notable de su sentencia, la cual está prevista para ser dictada el próximo mes.
La posibilidad de que Carvajal actúe como la pieza central de la fiscalía ha cobrado fuerza entre los analistas. Neama Rahmani, exprocurador federal, indicó que Carvajal encaja perfectamente con el perfil de testigo que suele ser presentado en este tipo de casos federales. Según Rahmani, si el antiguo jerarca de inteligencia ofrece un testimonio veraz, podría acceder a una
“reducción significativa”
de su condena, considerando la severidad de las penas aplicables en delitos de narcotráfico internacional.
Por su parte, el exfiscal Dick Gregorie, quien lideró el proceso contra el dictador panameño Manuel Noriega en 1988, calificó como “muy probable” que la fiscalía ya esté preparando a Carvajal para su declaración. Gregorie sugirió que, de existir un pacto, los preparativos podrían haber comenzado hace meses. Además de “El Pollo”, se espera que el Ministerio Público presente a testigos adicionales, entre los que figuran antiguos funcionarios del régimen venezolano y narcotraficantes que participaron en la logística operativa del envío de drogas.

Antecedentes y tácticas de la defensa
El histórico juicio contra Noriega es citado frecuentemente como un referente por los especialistas, dado que fue otro caso donde un exjefe de Estado extranjero fue procesado y sentenciado en tribunales estadounidenses por cargos similares. Las analogías entre ambos escenarios podrían marcar el rumbo de la estrategia acusatoria y la importancia de los testimonios clave.
Se prevé que la defensa de Maduro tiene previsto desplegar varios argumentos para intentar desestimar las acusaciones en los próximos meses. Una de las líneas de defensa principales se centrará en la inmunidad soberana, alegando que Maduro, en su calidad de mandatario, goza de una protección legal que lo blinda ante cortes extranjeras. No obstante, Neama Rahmani advirtió que es improbable que este recurso sea aceptado, puesto que Estados Unidos no reconoce a Maduro como el gobernante legítimo de Venezuela, una decisión que depende del Departamento de Estado y que traslada la discusión del plano legal al político.

Otra de las estrategias defensivas consistirá en argumentar que el mandatario desconocía las operaciones de narcotráfico realizadas por funcionarios de menor rango en su administración. Sin embargo, la fiscalía asegura contar con evidencias suficientes para desmentir dicha versión. Asimismo, los abogados defensores podrían atacar la validez del arresto y la recolección de pruebas, bajo la tesis de que la captura fue violenta y que se ignoraron los marcos legales de Venezuela, especialmente en el uso de interceptaciones telefónicas. Sobre esto, Dick Gregorie recordó que tácticas parecidas fueron usadas por Noriega sin obtener resultados favorables.
La red criminal bajo investigación
El expediente formal contra Nicolás Maduro y su círculo cercano es el resultado de una indagación que tomó fuerza en el año 2020. Se le acusa de utilizar el aparato estatal para colaborar con organizaciones delictivas internacionales en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos durante más de una década. Los informes de las autoridades mencionan vínculos con grupos como:
- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
- El Cártel de Sinaloa
- Los Zetas
- El Tren de Aragua
La tesis fiscal sostiene que, bajo la dirección de Maduro, se articuló una estructura para el tránsito de miles de toneladas de narcóticos mediante rutas protegidas desde Venezuela. En el reciente operativo militar que derivó en su aprehensión el pasado sábado, Maduro fue capturado junto a su cónyuge, Cilia Flores. Ambos, en compañía de su hijo Nicolás Maduro Guerra, enfrentan acusaciones directas por esta red de tráfico. El pliego de cargos describe operaciones de transporte aéreo de cocaína y la supuesta recepción de pagos millonarios a cambio de brindar logística y protección estatal, configurando lo que la justicia define como una asociación ilícita para retener el poder político y económico a través del crimen transnacional.
Fuente: Infobae