La grave situación humanitaria que atraviesa el Catatumbo evidencia una vez más la extrema fragilidad de la población civil frente al conflicto armado. En la noche del lunes 5 de enero de 2026, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un balance alarmante sobre las consecuencias de los choques bélicos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, que han sembrado el pánico en la región.
Según los datos oficiales, más de 130 familias —lo que equivale a aproximadamente 300 personas— se encuentran actualmente recibiendo ayuda humanitaria en Cúcuta tras escapar de los combates en Tibú y El Tarra. Aunque la Defensoría y la Personería de Cúcuta coordinan la asistencia en la capital de Norte de Santander, el confinamiento persiste en las zonas rurales, donde dos organizaciones criminales han mantenido sus acciones hostiles incluso durante la temporada de Navidad.
La defensora Marín detalló el origen de los desplazados y la persistencia de las hostilidades:
“Estos grupos familiares que han llegado a la ciudad en los últimos días, provienen de zonas rurales de Mineiro y Pacelli, en Tibú, así como de Filogringo, en El Tarra, donde persisten los enfrentamientos entre el ELN y el disidente frente 33”
Ante este panorama, la funcionaria hizo un llamado urgente a las estructuras armadas para que cesen el fuego y mantengan a los civiles al margen de una guerra que amenaza la seguridad de estas poblaciones.
Hostilidades sin tregua desde las festividades navideñas
El recrudecimiento de la violencia comenzó en plena Navidad, forzando el desplazamiento de al menos 250 personas en sectores rurales. La crisis no solo es social, sino también ambiental; el pasado 28 de diciembre, un ataque contra trabajadores en un campo petrolero causó un derrame de petróleo en la vereda Palmera Kilómetro 16, en la vía que conecta a Tibú, generando una emergencia de grandes proporciones.
La tensión aumentó drásticamente antes de recibir el 2026. El 31 de diciembre, se reportó una incursión de las disidencias en el corregimiento de El Tarra, desatando el caos durante las celebraciones de fin de año. La Defensoría del Pueblo subrayó que durante el año 2025, más de 92.000 ciudadanos sufrieron restricciones severas en su movilidad, consolidando una crisis profunda en este territorio fronterizo.
El inicio del nuevo año no ha traído alivio. Las autoridades humanitarias confirman que los primeros días de enero han estado marcados por nuevos combates en Tibú y El Tarra. A los desplazamientos se suma el drama del confinamiento forzoso, pues numerosas familias permanecen aisladas en sus comunidades debido al riesgo latente de minas antipersonal y el intercambio de disparos.
A pesar de la presencia de tropas militares en el Catatumbo, la Defensoría ha señalado que la carencia de gobernabilidad permite que grupos ilegales mantengan el control de vastas áreas. En este contexto, Iris Marín enfatizó el compromiso del organismo:
“Desde la Defensoría del Pueblo los estamos acompañando y haciendo seguimiento para que se cumpla la ruta de atención a las víctimas”
Por ahora, tras las declaraciones de la Defensora, no se ha producido una reacción oficial por parte del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, ni del presidente Gustavo Petro. El mandatario se encuentra concentrado en la crisis política de Venezuela tras la detención del dictador Nicolás Maduro, mientras el ELN y las disidencias mantienen bajo zozobra a los habitantes del lado colombiano de la frontera.
Fuente: Infobae