Durante el transcurso de la primera semana de enero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtió en el foro de una enérgica protesta diplomática por parte de Colombia. La delegación denunció la reciente incursión militar ejecutada por Estados Unidos en territorio de Venezuela, una maniobra de fuerza que tuvo como objetivo central la aprehensión y el posterior traslado hacia Nueva York del exmandatario Nicolás Maduro y su cónyuge, Cilia Flores.
La representante permanente de Colombia, Leonor Zalabata Torres, manifestó su profunda preocupación por el riesgo inminente de que América Latina pierda su estatus de zona de paz. En su intervención, exigió un comportamiento internacional coherente y responsable ante las severas repercusiones de índole humanitaria y geopolítica que este evento conlleva.
Detalles de la ofensiva militar
Los hechos se remontan a las primeras horas del 3 de enero, cuando comandos de élite de las fuerzas especiales norteamericanas penetraron en Caracas y sus periferias. La incursión no se limitó a la captura, sino que incluyó ataques aéreos contra diversos puntos estratégicos, tanto de carácter civil como militar.
Sobre estos sucesos, la embajadora colombiana expresó ante el organismo internacional:
“Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevado por los Estados Unidos, el cual ha incluido bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, generando pánico entre la población”
.
Violación del marco jurídico internacional
Para la diplomática Zalabata, este acto representa una transgresión directa a los pilares que sostienen el derecho internacional contemporáneo. Bajo su perspectiva, no existe un escenario legal que valide el empleo de la fuerza de manera unilateral para agredir a otra nación.
Al respecto, la funcionaria subrayó:
“No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales”
.
Zalabata Torres fue enfática al advertir que este tipo de maniobras bélicas evocan “los peores momentos” de las intervenciones extranjeras en la política de la región. Aseguró que lo ocurrido pone en peligro el compromiso de los Estados latinoamericanos de dirimir controversias mediante la negociación y el diálogo, tal como lo establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Consecuencias regionales e impacto humanitario
La estabilidad del continente se encuentra en una posición frágil tras esta intervención. La embajadora alertó sobre las ondas expansivas que este conflicto genera en naciones vecinas:
“Acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional, incrementan la inseguridad y agravan las ya complejas condiciones que experimenta la población civil, con efectos devastadores que trascenderán las fronteras soberanas de Venezuela, con un impacto directo sobre los países de la región como Colombia”
.
La respuesta política en el hemisferio mostró una clara división. Por un lado, administraciones de tendencia izquierdista en México, Brasil y la propia Colombia rechazaron el ataque. En contraste, aliados estratégicos de Washington, entre ellos Argentina y El Salvador, manifestaron su respaldo a la operación estadounidense.
Zalabata Torres también hizo un llamado a analizar las repercusiones globales de que un miembro permanente del Consejo de Seguridad tome el control de un Estado soberano unilateralmente. Según su declaración, esto establece un precedente alarmante para el orden mundial post Segunda Guerra Mundial, especialmente cuando se sospecha que el trasfondo es la apropiación de recursos estratégicos.
Intereses económicos y democracia
La delegada cuestionó que la diplomacia sea desplazada por la “ley del más fuerte”. Criticó frontalmente las declaraciones de Donald Trump, quien justificó la acción militar bajo la premisa de facilitar el regreso de petroleras estadounidenses a Venezuela.
En este sentido, sentenció:
“La democracia no puede ser promovida. Tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos”
. Frente a este panorama sombrío, Colombia, en su actual calidad de miembro no permanente del Consejo, ofreció su mediación diplomática para buscar una resolución pacífica a la crisis del país vecino.
Finalmente, se informaron sobre las acciones preventivas en las zonas limítrofes:
“Colombia ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera, atendiendo las eventuales necesidades de la población, especialmente de la población migrante, en coordinación con las autoridades locales”
. La embajadora concluyó agradeciendo al Secretario General de la ONU por su disposición para activar canales de mediación que permitan una salida política gestionada por los propios ciudadanos venezolanos.
Fuente: Infobae