Sin la vinculación de los cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, se cerró el 2025 en el caso Magnicidio FV.
El segundo señalamiento definido para que se realice la audiencia de vinculación no se concretó el 26 de diciembre último, debido a que el juez reemplazante de la jueza encargada dispuso que sea a finales de enero de 2026, es decir, luego de un mes, la diligencia para vincularlos.
El 18 de agosto pasado, la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, la misma que impulsó la investigación en la que se condenó a cinco personas como autores materiales del asesinato, al estilo sicariato, del candidato presidencial Fernando Villavicencio, solicitó a la justicia que se defina una fecha para formular cargos contra cuatro sospechosos de intervenir en la parte intelectual del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.
TERRIBLE 🚨‼️ Juez Giovanny Freire les da su Nochebuena a Los Lobos en el #CasoMagnicidioFV. Freire aplazó +1 mes la audiencia contra cabecillas de Los Lobos en caso Magnicidio FV. https://t.co/WKNLuk5EWA pic.twitter.com/YipfBLqkOv
— Tamia Villavicencio Sandoval (@TamiaVillavice1) December 26, 2025
La solicitud fue hecha contra el exministro del correísmo José Serrano, los llamados a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, y el condenado por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo. La formulación de cargos se concretó el 3 de septiembre en una audiencia de la que se desprendió la orden de prisión preventiva para Aleaga y Salcedo; mientras que Serrano y Jordán recibieron la medida de presentación periódica en Miami, Estados Unidos, país en el que radicaban desde el 2020 y el 2021, respectivamente.
Según la Fiscalía, la solicitud de formulación de cargos se fundamentaba en una “minuciosa investigación” y estaba respaldada en “sólidos elementos de convicción” que permiten presumir la participación de los cuatro sospechosos en calidad de “autores intelectuales”.
Por sorteo, la jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha María Daniela Ayala fue quien conoció el caso Magnicidio, pero luego de pocas semanas fue suspendida por tres meses sin sueldo por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) por emitir durante la formulación de cargos comentarios contra la fiscal de la causa, los cuales se alejaron de su rol como jueza. Tres meses después, la medida preventiva se transformó en una sanción de un mes de suspensión sin sueldo.
El 8 de enero próximo podría Ayala retomar su cargo y las causas que están en su despacho, siempre y cuando no se concrete una sanción por las dos demandas por dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable que le impusieron el ministro del Interior, John Reimberg, y Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado y acusadoras particular en el caso Magnicidio.
Tras la suspensión de Ayala, la jueza Luz María Ortiz asumió la causa desde el 15 de septiembre pasado. Lo primero que hizo fue cambiar las presentaciones periódicas ordenadas para Jordán y Serrano, en su lugar imponiéndoles prisión preventiva, medida que fue apelada por los procesados y hasta el momento no se ha concretado la diligencia a la que se sumó el exlegislador coprocesado Aleaga, quien se encontraría en Venezuela en calidad de asilado.
El 3 de diciembre se completaron los tres meses de instrucción fiscal inicialmente definidos por la jueza Ayala. En este tiempo se han realizado pericias, se han tomado versiones y principalmente se han sumado a los testimonios anticipados del abogado Lenin Vimos, cooperador eficaz y sentenciado en el caso Plaga, y de Daniel Salcedo, también cooperador eficaz de Fiscalía, los testimonios anticipados del exagente de investigaciones de la Policía Ronal Patricio H. R., alias Jonathan, y de Marcelo Lasso Saavedra, quien dice fue mano derecha del narcotraficante Leandro Norero cuando estuvo en la cárcel de Cotopaxi y asegura que ahí conoció detalles del crimen contra Villavicencio.
De las versiones sin juramento y posteriormente en los testimonios bajo juramento de alias Jonathan y Lasso Saavedra se han obtenido datos que refieren que entre los procesados están quienes se encargaron de los seguimientos al candidato, de cómo se dieron los acercamientos con Los Lobos, del dinero que se tenía para pagar el crimen y quiénes fueron los ideadores y financistas del asesinato. Lasso Saavedra nombró a Rafael Correa y a Jorge Glas en la lista de personas que supuestamente buscaban el ataque al político de 59 años de edad.
COMUNICADO A LA CIUDADANÍA
Frente al burdo montaje que busca incriminarme con el asesinato de Fernando Villavicencio y el atentado contra Salcedo, hago pública esta declaración.
No permitiré que se use mi nombre para encubrir a los verdaderos responsables.#Villavicencio… pic.twitter.com/shxnyJZkwO
— José Serrano Salgado (@ppsesa) June 25, 2025
Es justamente de los testimonios de Lenin Vinos y Marcelo Lasso Saavedra de donde se desprende que para concretar el magnicidio se tuvo que conseguir la anuencia de la plana mayor del GDO Los Lobos, en ese momento alias Pipo y Lobo Menor, y de alias Gordo Luis, para que se lleve a cabo la operatividad del plan para conseguir a los sicarios en Colombia, traerlos a Ecuador, pagar la movilidad, armas y otros materiales que se usaron para alcanzar el asesinato a la salida del coliseo en Quito, mientras el presidenciable ingresaba en un vehículo que sabían que no tenía ningún blindaje.
La audiencia para vincular a los tres cabecillas de Los Lobos estuvo definida para el 26 de diciembre último, pero el juez Geovanny Freire, reemplazante temporal de la jueza Ortiz, dejó la vinculación para el 28 de enero próximo. Una vez que se concrete la diligencia, la etapa de instrucción fiscal se extenderá por 30 días, es decir, la fase de instrucción por el delito de asesinato culminaría el 28 de febrero siguiente.
Solo en ese momento se conocerá cuándo se dará la respectiva audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se conocerán el dictamen fiscal y la prueba pericial, testimonial y documental que tentativamente presentaría la Fiscalía en una audiencia de juzgamiento, de ser esa la decisión de la jueza o juez que esté a cargo de la fase.
Una de las hijas del presidenciable asesinado, Amanda Villavicencio, considera que el paso que ha tomado la Fiscalía es importante para que este “vil crimen no quede en la impunidad”, sin embargo, cree que aún se está lejos de que haya justicia. “La Fiscalía asegura que tiene argumentos sólidos para realizar las acusaciones y, por nuestra parte, exigimos que así sea y que presente pruebas contundentes que permitan demostrar la culpabilidad de los acusados. (…) Creo que centrarlo en cuatro nombres es insuficiente. No me sorprende lo que estamos viendo, es parte de las investigaciones, pero es insuficiente, y necesitamos poder llegar a una verdad que nos permita que no vuelvan a suceder estos crímenes en Ecuador”, señaló.
“Desde un inicio, mi defensa ha tenido información verificada y relevante que confirma cómo la Fiscalía construye casos con versiones manipuladas y testimonios preparados a conveniencia. La Fiscalía acusa no con pruebas, sino con relatos fabricados, guiados y, en algunos casos, redactados bajo presión para cumplir con un libreto establecido o a cambio de beneficios para personas sentenciadas. El patrón se repite: la Fiscalía no busca la verdad, sino construir relatos que se ajusten a sus intereses”, refirió Serrano en un comunicado difundido en su cuenta personal de la red social X.
El exministro ecuatoriano se encuentra desde el 7 de agosto pasado detenido en Miami, Estados Unidos, por un tema relacionado con su permanencia ilegal en territorio estadounidense. Serrano, quien permanece en el Centro de Procesamiento Krome, que es parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sostiene que la Fiscalía crea testimonios, luego entrena y repasa el guion con sus testigos estrella y comodines, para así crear culpables y no encontrar justicia.
Según Serrano, todos los testigos estrella de la Fiscalía son delincuentes convictos, confesos y sentenciados que se conocen y defienden entre ellos mismos, se encuentran en la Cárcel 4, prisión ubicada en Quito, donde los testigos llevarían una vida de privilegios y comodidades y dicen haber escuchado conversaciones o que les contaron, pero no les consta y no aportan ninguna prueba material.
“Dicen con mucha precisión, eso sí, lo que la Fiscalía pide que hagan, que digan. Hoy he llegado a conocer que Anderson Boscán ha hecho público una parte del testimonio anticipado de (Marcelo) Lasso, que revela lo que todo el país sabe, todo es un burdo montaje”, reiteró José Serrano.
Fuente: El Universo
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