El porvenir de la nación venezolana no se definirá únicamente por la salida de Nicolás Maduro, sino por la capacidad de los actores clave —la élite política, el estamento militar y la oposición— para forjar un pacto inclusivo que evite una confrontación destructiva. Actualmente, los integrantes de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, quienes han sido adoctrinados para percibir a la disidencia como un peligro para su existencia, mantienen un profundo recelo hacia los líderes opositores. Temen que un cambio de mando derive en represalias, exclusión o la supresión de sus privilegios actuales. Si no se logra un consenso mediante una negociación real, “Venezuela corre el riesgo de caer en otro ciclo de conflicto en lugar del tan esperado camino hacia la renovación democrática”.
La reciente y sorpresiva intervención militar ejecutada para capturar y deponer al mandatario venezolano se posiciona como una de las acciones de política exterior más impactantes de los Estados Unidos en la región durante las últimas décadas. El presidente Donald Trump ratificó que tanto Maduro como su cónyuge fueron aprehendidos en el marco de un “ataque a gran escala” y posteriormente trasladados fuera del territorio nacional por vía aérea. Aunque este suceso marca un punto de inflexión radical en la crisis, la salida de Maduro es apenas el primer paso de un proceso de transición que se perfila sumamente complejo y lleno de dudas.
El desafío fundamental que hoy encaran los ciudadanos venezolanos y los organismos internacionales es la carencia de una estructura institucional sólida que facilite un traspaso de poder ordenado. A lo largo de más de veinte años, las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desmantelaron la independencia del sistema judicial, neutralizaron al poder legislativo, cooptaron a las entidades electorales y transformaron a las fuerzas militares en guardianes de la permanencia del régimen. Estas instituciones miran con hostilidad a la oposición, ya que fueron diseñadas para considerar la estabilidad del país como algo inseparable de la supervivencia del chavismo. Revertir este legado requerirá mucho más que instalar figuras opositoras en oficinas vacías.
El rol económico y la administración interina
En este nuevo escenario, el presidente Donald Trump ha manifestado que Estados Unidos asumirá la administración de Venezuela de forma transitoria. En términos prácticos, es probable que Washington ejerza su autoridad a través de los motores económicos del país, con especial énfasis en el sector energético. Esta estrategia de emplear el peso financiero y la colaboración de empresas privadas estadounidenses para alcanzar objetivos diplomáticos no es una novedad. Los mecanismos de influencia incluirán:
- La reactivación de la producción de energía.
- El manejo del alivio de sanciones internacionales.
- El acceso controlado a los mercados de capital.
- La adjudicación de contratos para la reconstrucción nacional.
Una gestión económica meticulosa podría estabilizar las funciones esenciales del Estado y fomentar reformas necesarias; sin embargo, un manejo erróneo podría exacerbar la dependencia externa o despertar sentimientos nacionalistas adversos. El poder económico, al igual que el militar, debe estar alineado con un objetivo político claro.
Hacia un gobierno de transición mixta
Dada la profunda politización y corrupción de las instituciones vigentes, surge como una opción viable la creación de un gobierno provisional que integre a miembros de la actual estructura de poder con representantes de las fuerzas democráticas. Bajo esta premisa, figuras como la juramentada presidenta Delcy Rodríguez y otros jerarcas del régimen podrían ejercer funciones interinas. Su labor estaría estrictamente delimitada: asegurar la continuidad del Estado mientras se organiza una transición que desemboque en elecciones transparentes en un lapso de 12 a 18 meses.
Este modelo de gobernanza compartida demandaría concesiones sumamente difíciles para todos los involucrados:
- Los aliados de Maduro deberían renunciar a su control total y someterse a límites legales.
- La oposición tendría que aceptar la convivencia con actores a los que ha combatido y garantizar a los militares que no habrá una persecución generalizada.
- La comunidad internacional deberá coordinar incentivos como ayuda humanitaria y garantías de seguridad para mantener la estabilidad de este frágil acuerdo.
En última instancia, el momento que atraviesa Venezuela supera la pugna entre individuos o partidos. Es una evaluación crítica sobre si una nación fracturada puede volver a erigir instituciones fundamentadas en la legitimidad y el consenso social. La historia advierte que derrocar a un autócrata es frecuentemente el preámbulo de la lucha por la democracia, no su punto final. El éxito de Venezuela dependerá de si sus nuevas estructuras logran servir finalmente al Estado y no a un grupo político específico.
Brian Fonseca, Ph.D., es director del Jack D. Gordon Institute for Public Policy en la Florida International University y Fellow de Seguridad Internacional en New America.
Fuente: Infobae