El año 2025 será recordado en Ecuador como el punto de inflexión en el que la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, no solo marcó un golpe a la criminalidad nacional. Su detención el 25 de junio en Montecristi destapó una red de corrupción y lavado de activos que se extendía mucho más allá de las cárceles.
Esta maquinaria criminal no solo operaba desde la sombra, sino que había permeado estructuras estatales cruciales: desde agencias de tránsito y unidades de salud hasta la Policía Nacional y el sistema judicial.
La caída de Fito no significó el fin de la violencia; por el contrario, desató una brutal reorganización territorial entre los grupos delictivos.
Los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mostraron una telaraña financiera que involucraba a la familia del capo y a numerosos funcionarios públicos que facilitaban el blanqueo de millones de dólares.
Corrupción y vínculos con Los Choneros
Sin duda, uno de los episodios más mediáticos, luego de la captura de Fito, fue la infiltración de Los Choneros en la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta. La institución fue intervenida por la Policía el 10 de julio.
Cristhian M., supervisor de procesos administrativos y quien fue detenido junto con Fito, figuraba como propietario de la casa con búnker donde se ocultaba el cabecilla. Pero esto era solo una parte de todo lo que sucedía en esta institución, que desde 2023 sufría atentados con incendios y once agentes y dos funcionarios fueron asesinados.
La Policía descubrió que Yandry M., hermano de Fito, y otros funcionarios vinculados al crimen organizado operaban en la agencia. Así que la detención de Cristhian M. el 25 de junio solo era la punta del iceberg.
Durante un proceso judicial por lavado de activos en contra de familiares de Fito se descubrió que empleados de ministerios como Educación y Salud mantenían transacciones con Inda P., esposa de Fito.
Esto se reveló en la investigación de la Fiscalía en el caso Blanqueo Fito el 2 de junio de 2025 con el operativo Centinela 6, donde detuvieron a varios familiares del narco, entre ellos:
- Yandry M.: Hermano de Fito.
- Jorge y Ángel P.: cuñados de Fito.
- Verónica B.: pareja sentimental de Fito, recluida en cárcel de mujeres.
- Dolores Z. y José B.: padres de Verónica B.
Entre los vinculados constan Inda P. (esposa) y Verónica B. (pareja sentimental) de Fito, quienes, según la Fiscalía, canalizaron $ 24 millones entre 2016 y 2024 sin justificación económica.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) elaboró un reporte de operaciones inusuales. Estos fondos involucran pagos a empleados del SNAI, ministerios y familiares de exjueces. La red adquirió 46 inmuebles y 104 vehículos.
En total, el caso vinculó $ 24 millones de origen ilícito manejados entre 2016 y 2024.
Katherine Herrera, experta en seguridad, señaló que la corrupción descubierta no es una novedad, sino un “secreto a voces” que la recaptura de Fito obligó a visibilizar. “No pueden tener una actuación rentable dentro de distintas economías ilícitas si es que no tienen el apoyo de estos actores y estas alianzas privadas”, explicó Herrera.
Herrera describe tres niveles de cómo el Estado se vuelve funcional a los actores delictivos:
- Omisión: cuando las autoridades dejan de cumplir sus competencias, no generando operativos ni políticas públicas.
- Actuaciones específicas: cuando un funcionario coopera por un pago puntual (ej. apoyo logístico de una agencia de tránsito).
- Corrupción sistémica: cuando entidades estratégicas establecen una hoja de ruta con el actor criminal, permitiéndole ejercer una gobernanza criminal paralela y hasta establecer la política pública local.
Esto te evidencia justamente en la captura, en que son tres los niveles, por qué el Estado ha podido permearse o cómo estos actores criminales han logrado permearse dentro de la dinámica estatal.
Katherine Herrera, experta en seguridad.
Herrera indicó que la captura de Fito no reduce la dinámica criminal porque no se atacaron los nodos logísticos (financistas, operadores, movilidad, acopio).
Indicó que capturar al líder genera un “efecto globo”, donde otras zonas pueden adoptar la misma economía delictiva con más violencia, o bien, los grupos criminales se reestructuran para cooptar una entidad pública aún más funcional y rentable.
El incremento de la violencia
Fito escapó de una prisión en Guayaquil en enero de 2024 y permaneció prófugo 17 meses. Lo capturaron en un búnker subterráneo en Montecristi el 25 de junio de 2025. Luego, lo extraditaron a Estados Unidos el 21 de julio por narcotráfico y tráfico de armas.
Esta acción debilitó a Los Choneros, según expertos. El grupo pierde poder y legitimidad frente a rivales como Los Lobos.
La Policía redobla esfuerzos para evitar que otros grupos ocupen espacios vacíos; no obstante, la muertes aumentaron y Manabí ya registran un récord negativo de 1.141 muertes violentas en lo que va del año 2025. Esta cifra supera los picos históricos previos.
Analistas concuerdan en que la captura del cabecilla fue un acto político y simbólico, pero no estructural.
“Si tú de verdad quieres ir en contra del crimen organizado, tú tienes que desmantelar las cadenas de valores… tienes que desmantelar los brókeres”, señaló Michelle Marfei, experta en temas de seguridad.
Ella argumentó que sin ir tras los facilitadores (jueces, fiscales, policías y políticos) que aceptaron el dinero, la maquinaria criminal sigue intacta.
Marfei refuerza esta idea, señalando que los GDO siempre operan en sociedades corruptas. “A más corrupción, más problemas de crimen organizado”, expresa.
Para ella, Ecuador ya ha pasado de ser un Estado fallido a ser un “Estado mafioso”, donde servidores públicos y privados buscan lucrar del crimen organizado.
El analista Jorge Triviño también cree que la captura de Fito no ha cambiado en nada el panorama criminal del país. “A partir de la captura de Fito aumentaron las muertes violentas, el secuestro, el chantaje”, indica.
Señaló que este incremento se debe, en parte, a la lucha de poder por ganar el territorio que Fito dejó vacante, principalmente de parte de grupos rivales como Los Lobos, que buscan diversificar su portafolio criminal en áreas como el narcotráfico y la minería ilegal.
El analista enfatiza que la única manera de tener un orden jurídico y seguridad real es sanear las instituciones. “Si el Gobierno, cualquiera que esté en el turno que esté, no sanea el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, es imposible tener un orden jurídico”, sentenció.
Él insiste en que el Gobierno necesita un plan estratégico de combate a la corrupción con ayuda internacional (EE. UU., Israel) para abordar las fuentes de financiación como el narcotráfico y la minería ilegal.
Dentro de las unidades o las dependencias estatales existe la corrupción todavía a viva voz y el gobierno todavía no sanea eso por falta de elementos, por falta de personal que lo acompañe.
Jorge Triviño, experto en seguridad.
Fuente: El Universo