En un esfuerzo por salvaguardar la soberanía marítima en la región, el gobierno de Japón ha anunciado la implementación de un ambicioso programa de asistencia técnica para Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Esta iniciativa busca combatir la presencia de flotas pesqueras extranjeras que operan de manera irregular en aguas sudamericanas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores nipón ha destinado un presupuesto de 300 millones de yenes (aproximadamente 1,9 millones de dólares) para proveer herramientas tecnológicas de última generación. Los recursos serán canalizados a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, e incluirán el envío de drones de vigilancia, botes patrulleros inflables y sistemas avanzados para el análisis de imágenes aéreas.
Vigilancia tecnológica contra la pesca furtiva
La tecnología japonesa permitirá a las autoridades locales identificar con mayor precisión el registro de las embarcaciones, el tamaño de sus tripulaciones y las rutas seguidas por los buques, incluso cuando estos intentan evadir los radares. Actualmente, gran parte de las flotas pesqueras foráneas mantienen una presencia constante cerca de las Islas Galápagos en Ecuador, y se desplazan hacia el sur frente a las costas peruanas y chilenas.
De acuerdo con los reportes oficiales, estas flotas son sospechosas de incurrir en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Además, existe la alerta de que estos buques realizan actividades de inteligencia, como el mapeo del lecho marino sudamericano, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional de los países afectados.
La desactivación de los dispositivos de rastreo GPS por parte de estos buques hace que sea extremadamente complejo rastrear su trayectoria. Por ello, se requiere una capacidad de respuesta superior por parte de los guardacostas locales.
El gobierno nipón ha decidido brindar este apoyo basándose en su propia experiencia, ya que también enfrenta incursiones ilegales en el Banco de Yamato, en el Mar de Japón. El objetivo es fortalecer la seguridad en el Pacífico y el Atlántico, donde la actividad pesquera extranjera ha crecido de forma exponencial en la última década.
Preocupación en el Atlántico y derechos humanos
En el caso del Atlántico Sur, el monitoreo se ha intensificado en la zona denominada “Milla 201”, en los límites de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Se estima que más de 500 embarcaciones, en su mayoría de procedencia asiática, operan en esta región durante la temporada del calamar.
Más allá de la extracción de recursos, el programa japonés también pone el foco en la protección de los trabajadores. Se han denunciado constantes abusos a los derechos humanos dentro de estos navíos, donde tripulantes, principalmente provenientes del sudeste asiático, laboran en condiciones de precariedad extrema y sin controles de seguridad.
Resumen de la asistencia técnica
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Inversión | 1,9 millones de dólares |
| Equipamiento | Drones de vigilancia y botes patrulleros |
| Países beneficiados | Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay |
| Organismo gestor | Oficina de las Naciones Unidas (UNODC) |
Con este equipamiento, Ecuador espera reforzar la custodia de la Reserva Marina de Galápagos, recordando incidentes críticos como el ocurrido en 2017, cuando se interceptó un carguero con miles de tiburones en sus bodegas, evidenciando la vulnerabilidad de nuestro ecosistema marino.
Fuente: Infobae