Están inmovilizados cinco procesos judiciales relacionados con el crimen del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que el próximo 29 de diciembre cumple quince años.
“Van quince años de injusticia e impunidad, de investigaciones hechas forjando pruebas para borrar las huellas que dejaron los asesinos materiales e intelectuales. Se hizo una farsa de investigación hasta con un testigo falso, sin verificación de hechos importantes para llegar a la verdad. Cuántas falencias, cuánta complicidad para no dar con la verdad del caso”, cuestiona Patricia Ochoa Santos, viuda de Jorge Gabela.
En 2008, el excomandante denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 42,5 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en el gobierno de Rafael Correa.
De los siete, cuatro se accidentaron y los tres restantes estarían inmovilizados en los cuarteles del Ala de Combate 22 de la FAE en Guayas.
Este caso surgió en los primeros años de la presidencia de Correa, cuando Gabela alertó de hechos de corrupción en la compra, lo que molestó al alto mando de las Fuerzas Armadas y al Gobierno, más aún cuando quien selló el contrato fue Javier Ponce, extitular del Ministerio de Defensa.
La situación se complicó en 2009, cuando el primer Dhruv se accidentó durante un ejercicio militar en la antigua Base Aérea Mariscal Sucre, en Quito.
En la Asamblea Nacional se activaron procesos de fiscalización hasta que, el 19 de diciembre de 2010, delincuentes ingresaron a la casa de Gabela, en Samborondón, y en un aparente asalto le dispararon.
Falleció diez días después en un hospital de la ciudad.
Por el crimen fueron sentenciados, en julio de 2012, Tonny Tyrone Terán Tomalá, Julio Eduardo Sánchez Salavarría, Jaime Denis Arias Tomalá, Teófilo Omar Meléndez Cornejo y Máximo Segundo Torres Tutivén.
En la justicia ordinaria se concluyó que el asesinato fue un delito común y que no se relacionaba con las denuncias por los helicópteros.
Desde entonces y en los últimos quince años, Patricia Ochoa sostiene la pregunta de quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato, pues presume que fue una retaliación por las alertas que hizo su esposo.
La presión que ejerció Ochoa para que se investigue dio paso a que se abran, al menos, cinco acciones investigativas.
Una es por la sospecha del delito de desaparición forzada, dos por posible peculado y dos acciones extraordinarias de protección en la Corte Constitucional (CC).
Investigación por desaparición forzada
En la Fiscalía General del Estado hay una investigación que entre 2019 y 2020 se asignó a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos por el delito de desaparición forzada, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 16.
Esta tipifica agresiones desde el Estado, como genocidio, crimen de lesa humanidad y desaparición forzada de personas, que son “imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena”.
El expediente lleva abierto cinco años y, en agosto de 2025, Ochoa denunció que había sido informada de la intención de archivar la causa. La Fiscalía lo negó en un boletín de prensa.
Desde entonces se conoció la comparecencia de dos testigos.
En cuanto a delitos contra la administración pública, hay un caso por presunto peculado que apunta como sospechosos a exministros de Correa: Ledy Zúñiga Rocha, exministra de Justicia y hoy asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana; César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad; Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional).
Así como José Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional); y Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión, alcalde de Milagro.
La investigación previa se inició el 13 de marzo de 2023 como consecuencia de una sentencia de la Corte Constitucional en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo en 2018.
La Corte, en febrero de 2023, concluyó que se vulneró el derecho a la verdad de Ochoa y su familia tras la desaparición de un denominado “tercer producto” que fue parte de una pericia no judicial.
La pericia la contrató una comisión interinstitucional para investigar el crimen de Jorge Gabela, la cual la creó Rafael Correa y la lideraba el extinto Ministerio de Justicia.
La consultoría se asignó a Roberto Meza Niella, perito argentino, que dividió en tres momentos su investigación, y de la última fase surgió un “tercer producto” que se perdió de los archivos públicos.
Los resultados de ese informe se divulgaron parcialmente en 2015 por la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, que reiteró que el crimen fue un delito común y no por las denuncias de Gabela.
Patricia Ochoa denunció que la pericia estaba incompleta y, consecuentemente, Meza dijo que su trabajo habría sido manipulado y que las conclusiones no eran las que difundió Zúñiga.
En 2018, Ochoa y la Defensoría del Pueblo plantearon una acción de acceso a la información pública sin éxito, por lo que recurrieron a la Corte Constitucional con la acción extraordinaria y, cinco años más tarde, se emitió el fallo en el que se ordenó la reconstrucción del “tercer producto”.
A la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado les ordenó que informen sobre las “medidas y sanciones” que se aplicaron a los posibles responsables del manejo de esa pericia.
Roberto Meza rehízo la pericia, el 11 de julio de 2023 la presentó y en ella se aborda la presunción de que los autores intelectuales del asesinato de Gabela serían los excomandantes de la FAE Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa.
La Contraloría informó que hizo dos exámenes especiales: uno al contrato por $ 78.000 que firmó el Ministerio de Justicia en 2018 con Meza para que haga la pericia y el segundo fue por la desaparición de los documentos de ese informe forense. No obstante, prescribieron las posibles sanciones contra los funcionarios responsables.
La Secretaría Técnica de la CC pidió a la Contraloría que informe por qué se declaró la caducidad de las responsabilidades administrativas culposas.
Le concedió diez días para que además se detalle quiénes fueron los responsables de dicha caducidad.
La Contraloría respondió el 21 de abril de 2025 con una solicitud a los jueces para que “se amplíe el pedido realizado para informar de manera oportuna y concreta” de qué es lo que necesitan.
Desde entonces no hay un informe al respecto.
Por su parte, la Fiscalía detalló a la Corte que en la investigación por la sospecha de peculado por la desaparición del “tercer producto” se hicieron 41 impulsos fiscales, 280 diligencias, se receptaron 45 versiones, se efectuaron siete audiencias privadas, catorce pericias, de las que una incluyó al “sistema informático y correo electrónico de J. C. P”, y se realizaron 200 pedidos de información a instituciones gubernamentales.
El seguimiento a este caso continúa abierto.
Adicionalmente, la Corte Constitucional tiene pendiente por resolver una acción extraordinaria de protección que impulsaron la Fiscalía y la Procuraduría General para que se vuelva a juzgar el proceso judicial por el delito de peculado que se seguía en contra de 18 procesados, entre ellos dos exministros de Defensa (Wellington Sandoval y Javier Ponce), generales de la FAE y empresas privadas.
La ahora exfiscal general Diana Salazar ingresó su escrito en enero de 2024 en contra de la resolución de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que declaró la caducidad para tratar la apelación.
La Sala Penal la integraban los jueces nacionales Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Byron Guillén (exjuez), quienes alegaron que transcurrieron 85 días desde que recibieron el expediente para tratar la apelación.
Por ello, caducó el plazo de 60 días que da el COIP para tratar los recursos de apelación.
En este caso, el 19 de junio de 2023, el hoy exjuez nacional Luis Rivera dictó auto de sobreseimiento a favor de los 18 procesados, pese a que la Fiscalía determinó que la compra de estos siete helicópteros implicó un perjuicio para el Estado de $ 66,4 millones.
Sin embargo, el ahora exmagistrado reflexionó en su sentencia que no hubo dolo ni perjuicio económico, ya que los siete Dhruv “fueron asegurados y, si bien hubo cuatro aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros Sucre S. A. canceló al Estado $ 53 millones”.
Según el exjuez, el Estado recibió un pago del seguro y además existen “tres naves que siguen operativas (aunque están inmovilizadas) y el valor de cada una oscila en los $ 6 millones”.
De tal manera, —según la cuantificación que hizo Rivera— “si el valor del contrato fue por $ 45 millones, se pagó por el seguro de las aeronaves accidentadas $ 53 millones; por tanto, hubo una diferencia a favor del Estado por el pago del seguro más el valor de los tres helicópteros. Ergo no se ha evidenciado perjuicio”, dice su fallo.
La Fiscalía, a través de la acción extraordinaria de protección, pidió a los magistrados de la CC que se declare la violación de los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la verdad y que se deje sin efecto el auto impugnado y se retrotraiga el proceso.
La Procuraduría solicitó que se deje sin efecto el auto de sobreseimiento y se sortee un nuevo tribunal de la Corte Nacional, porque se vulneraron derechos a la tutela judicial y al debido proceso en las garantías de defensa y motivación.
Los recursos se admitieron a trámite; sin embargo, tras dos años, no hay un fallo.
Patricia Ochoa: “Delitos se quedan en la impunidad por la lentitud de la justicia”
Para Patricia Ochoa, las disposiciones de la CC se han incumplido, porque la Contraloría y la Fiscalía permitieron que se venzan plazos, dando paso a que los “delitos se queden en la impunidad por la lentitud de la justicia”.
Como ejemplo, cuenta que la Fiscalía solicita documentos, pero la Asamblea y el Ministerio de Defensa “evitan enviarlos”, pese a que hay testigos que dan cuenta de su existencia.
“Pasó con el Ministerio de Defensa, que cuando se pide la grabación de la conversación entre el general Gabela y el coronel de Inteligencia Roberto Vargas. O cuando se le pide a la Asamblea el documento que envío el general (sp) Leonardo Barreiro a la Comisión Multipartidista, que se integró para investigar el caso en noviembre del 2018, contestan que no constan en los archivos los documentos”, manifiesta.
No hay justicia, según Ochoa, porque no hay ningún juez sancionado por dejar que caduquen los 60 días de plazo para tratar la apelación en el caso de peculado por la compra de los Dhruv.
“La lentitud es preocupante, porque no fueron declarados inocentes estos 18 individuos que estuvieron implicados en esta investigación. Los absolvió las argucias que usaron los jueces para no sentenciar un caso de corrupción que dejó muertos y un montón de fierros inservibles”, añadió.
A la espera de una respuesta del sistema judicial ecuatoriano, Ochoa elevó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue el caso.
Aún no hay un pronunciamiento. (I)
Fuente: El Universo