La compañía argentina Pampa Energía, que operó el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), recibió $ 84 millones por parte del Estado ecuatoriano tras la liberación de garantías, cuya suspensión motivó una demanda de arbitraje contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La firma extranjera confirmó el ingreso de los $ 84 millones a su caja, en el informe de resultados del tercer trimestre de 2025, publicado el 4 de noviembre. El documento está disponible en su página web. El Gobierno no ha hecho pública información sobre la transferencia.
El informe resume que el 30 de noviembre de 2024, la empresa OCP Ecuador transfirió las acciones del oleoducto al Estado. Que parte de esa operación, la compañía tenía librada dos garantías, una operativa y otra ambiental, que en conjunto sumaban $ 84 millones.
“Sin embargo, Citibank Ecuador, el banco emisor, se negó a liberarlas en esa fecha, argumentando el incumplimiento de ciertos requisitos formales. Esta situación derivó en el inicio de un arbitraje para la liberación de las garantías y una compensación por los daños ocasionados”, recoge el reporte de Pampa Energía.
Y agrega que el 28 de octubre de 2025, el Estado notificó a Citibank Ecuador sobre la expiración de las garantías y dispuso su liberación. Con ello, el reembolso se hizo efectivo el 3 de noviembre de 2025.
En septiembre de 2024 Pampa Energía informó el cierre de la adquisición indirecta del 36 % del capital social y votos de OCP Ecuador, de la cual ya poseía el 64 % del paquete accionario. El costo de la transacción fue de $ 23 millones.
Aquella operación se dio en medio de la tercera prórroga que dio el Estado al contrato de concesión del oleoducto, que originalmente venció el 20 de enero de 2024.
La última renovación del contrato culminó el 30 de noviembre de ese año. A partir de ahí, el Estado asumió la administración del OCP Ecuador S. A., luego de 20 años de de concesión a un consorcio de empresas privadas.
El entonces Ministerio de Energía y Minas -hoy Ministerio de Ambiente y Energía- informó que en coordinación con otras entidades públicas, liderará la gestión estratégica de los activos y recursos hidrocarburíferos de esta empresa por un periodo de seis meses.
El 2 mayo de 2025, la empresa OCP Ltd., propiedad de Pampa Energía, presentó una demanda de arbitraje en el Ciadi contra el Ecuador. La querella está registrada con el número de proceso ARB/25/19.
Según el portal del Ciadi, el objeto de la controversia tiene que ver con la construcción del oleoducto. La demanda está dirigida a la Procuraduría General del Estado (PGE) y al Ministerio de Energía y Minas.
El 23 de julio se constituyó el Tribunal a cargo del caso, que está presidido por el árbitro mexicano Eduardo Siqueiros.
El 28 de agosto se celebró una primera sesión del Tribunal por videoconferencia. Y el último desarrollo del caso data del 12 de septiembre, cuando el Tribunal emitió una orden por sobre cuestiones procesales.
De acuerdo con la información disponible, el estado actual del procedimiento es “pendiente”.
El reembolso de las garantías a favor de Pampa Energía es cuestionada por sectores que se oponen a la concesión del OCP.
El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano sostiene que la liberación de las garantías es “irregular”, ya que se habrían entregado “sin haber formalizado la entrega total de activos ni solventados pasivos ambientales”.
La organización “cuestiona la falta de transparencia ante la demanda de OCP Ltd. contra el Estado ante el Ciadi y el cambio en el cálculo de rentabilidad en la comercialización de derivados que perjudica a la estatal petrolera”.
Asambleístas piden auditoría
Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) Comps Córdova y Verónica Íñiguez a la Contraloría que realice un “examen especial a las empresas e instituciones ligadas a la devolución de las garantías relacionadas al OCP y la pretensión de renovación del contrato con Pampa, actual operadora de OCP”.
Córdova compartió en sus cuentas redes sociales, el 24 de diciembre, la respuesta recibida por parte de la Contraloría cinco días antes.
Aunque el asambleísta aseguró que la Contraloría respondió afirmativamente al pedido de inicio de un examen especial, las imágenes que difundió sobre el documento señalan que la entidad informó sobre los resultados de dos acciones de control que ya se han ejecutado.
La primera data del año 2021, tiene que ver con el control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto OCP, a cargo de los exministerios de Hidrocarburos, Ambiente y otras entidades relacionadas.
El segundo examen especial se aprobó en 2025 y se realizó a la transferencia de las acciones y bienes de la compañías OCP Ecuador S. A. al Estado ecuatoriano, suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y las compañías OCP Ecuador S. A. y OCP Ltd.
IMPORTANTE | 📷
📷 La @ContraloriaECU ha iniciado un examen especial por el caso OCP, en respuesta a la solicitud que presentamos junto a @mviniguez2. Recibimos oficialmente en nuestros despachos el documento que lo confirma. La fiscalización avanza. pic.twitter.com/s2OLB6laZZ— Comps Córdova Díaz (@CompsCordova) December 24, 2025
Fuente: El Universo
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