La decisión del presidente Gustavo Petro de decretar la emergencia económica en Colombia ha provocado un sismo político, evidenciando una fractura profunda en la cúpula del Congreso. El enfrentamiento tiene como protagonistas a Lidio García (presidente del Senado) y Julián López (presidente de la Cámara de Representantes), quienes mantienen posturas radicalmente opuestas sobre la legalidad y necesidad de esta medida.
Mientras la cámara alta busca frenar lo que consideran una imposición del Ejecutivo, la cámara baja respalda la urgencia de obtener recursos tras el hundimiento de la reforma tributaria de 16,6 billones de pesos en el legislativo.
Autonomía parlamentaria bajo tensión
El senador Lidio García ha sido tajante al afirmar que el Congreso no se subordinará a las decisiones unilaterales del Gobierno. Según García, el uso de la emergencia para decretar impuestos es una vía inconstitucional que busca usurpar las competencias propias del poder legislativo. “Citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, advirtió el legislador.
En la otra acera, Julián López defendió la postura de la Casa de Nariño, argumentando que no se puede dejar desprotegida a la población ante riesgos sociales inminentes por falta de herramientas excepcionales.
La Corte Constitucional: El árbitro final
El futuro de esta medida excepcional está ahora en manos de la Corte Constitucional, que revisará la legalidad del Decreto 1390 una vez concluya la vacancia judicial en enero. Gustavo Petro ha presionado al alto tribunal, advirtiendo que si no se avala la emergencia, el horizonte económico de Colombia será sumamente complicado.
El mandatario justificó su decisión basándose en varios factores críticos que comprometen las finanzas del país:
| Factor de Crisis | Impacto Estimado |
|---|---|
| Déficit para igualar sistemas de salud | 3,7 billones de pesos |
| Caída de precios internacionales | Petróleo y Carbón |
| Pagos omitidos a trabajadores de salud (2025) | 20 billones de pesos |
Petro también lanzó duras críticas contra el Banco de la República por el manejo de las tasas de interés y cuestionó los beneficios fiscales otorgados a los sectores más adinerados del país. Según el jefe de Estado, la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento obligó al Gobierno a buscar alternativas para evitar una crisis de insostenibilidad de la deuda.
El debate se retomará con fuerza el próximo 26 de diciembre, fecha en la que el Senado iniciará formalmente el control político sobre los decretos de emergencia, marcando el inicio de un año que promete ser de alta intensidad legislativa y judicial.
Fuente: Infobae