La Knesset, el órgano legislativo de Israel, ha ratificado una extensión de dos años para la normativa que facilita el cese de operaciones de cadenas internacionales en su territorio. Esta medida, conocida popularmente por su impacto inicial contra Al Yazira, otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para intervenir en las transmisiones extranjeras sin que sea necesario un estado de emergencia nacional.
Nuevas atribuciones para el Ejecutivo
La reforma aprobada elimina un requisito fundamental: la necesidad de una resolución judicial para proceder al cierre de un medio. Ahora, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, dispone de la autoridad para suspender canales y decomisar equipamiento técnico si se considera que existen riesgos para la seguridad del Estado. Esta disposición se mantendrá vigente, al menos, hasta finales del año 2027.
| Detalle de la Votación | Resultado |
|---|---|
| Votos a favor | 22 |
| Votos en contra | 10 |
| Vigencia de la ley | Hasta finales de 2027 |
Los cambios legislativos desvinculan estas acciones de las condiciones excepcionales de guerra, permitiendo que el Gobierno actúe bajo circunstancias ordinarias. La votación contó con el rechazo de parlamentarios de origen árabe, quienes advierten sobre un posible retroceso en las libertades informativas en la región.
Antecedentes y controversia internacional
El precedente inmediato de esta normativa se remonta a abril de 2024, cuando las autoridades israelíes clausuraron las oficinas de Al Yazira argumentando la salvaguarda de la seguridad nacional durante el conflicto en la Franja de Gaza. Con la entrada en vigor de esta reforma, tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como el titular de comunicaciones pueden ordenar la incautación de recursos técnicos de manera unilateral.
“Esta legislación otorga al Gobierno un control discrecional sobre la continuidad de cualquier medio extranjero, independientemente de que exista o no una emergencia formal”.
Expertos y críticos señalan que la concentración de poderes en manos del Ejecutivo pone en riesgo la labor de los corresponsales extranjeros. Sin la tutela previa del poder judicial, las suspensiones pueden adoptarse bajo la sola justificación de una amenaza a la seguridad, lo que impacta directamente en el ejercicio del periodismo internacional en territorio israelí.
Fuente: Infobae