La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha encendido las alarmas este martes al denunciar que sus operaciones de socorro en la Franja de Gaza corren un peligro inminente. Las nuevas normativas de registro impuestas por el Gobierno de Israel a las entidades humanitarias internacionales podrían dejar a cientos de miles de ciudadanos palestinos sin el único acceso a la salud con el que cuentan actualmente.
De acuerdo con el reporte de la ONG, estos requerimientos legales amenazan con revocar el registro de las organizaciones que operan en la zona. De no cumplirse, MSF se vería obligada a suspender sus servicios vitales en Gaza y Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026. La institución ha hecho un llamado urgente para que se garantice una respuesta «imparcial e independiente», evitando el colapso total del sistema humanitario.
Impacto de la labor de MSF en cifras
Para dimensionar la magnitud de lo que está en juego, Médicos Sin Fronteras presentó un balance de su operatividad proyectada para el próximo año, subrayando que su ausencia representaría una tragedia humanitaria sin precedentes:
| Indicador de Atención | Cifras Proyectadas (2025) |
|---|---|
| Inversión estimada | 100 millones de euros |
| Casos de traumatismo | +100.000 pacientes |
| Intervenciones quirúrgicas | 22.700 cirugías |
| Consultas ambulatorias | 800.000 aproximadamente |
Para el periodo 2026, la organización ya ha comprometido un presupuesto que oscila entre los 100 y 120 millones de euros. Sin embargo, la continuidad de estos fondos y del despliegue técnico depende exclusivamente de la voluntad política para permitir su permanencia. Actualmente, MSF gestiona dos hospitales de campaña, apoya a seis hospitales públicos y dirige centros especializados en desnutrición infantil.
Restricciones y contexto político
Las nuevas reglas establecen que cualquier ONG que no se registre antes del 31 de diciembre enfrentará el cierre de sus operaciones en un plazo de 60 días. El sistema de registro israelí incluye cláusulas polémicas, como el rechazo a organizaciones que apoyen procesos judiciales contra las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales internacionales o que participen en lo que consideran «campañas de deslegitimación».
Mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo devastadora. Las autoridades locales estiman que la cifra de fallecidos supera los 70.900 palestinos, con más de 171.000 heridos desde el inicio de la ofensiva. A pesar del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, los bombardeos persisten bajo el argumento de combatir células terroristas.
Finalmente, el panorama político apunta a una segunda fase de negociación que incluiría una autoridad temporal supervisada internacionalmente, con la posible participación de figuras políticas como Donald Trump en tareas de vigilancia, aunque aún no se han definido los detalles sobre la retirada militar israelí ni la composición definitiva de las fuerzas de seguridad internacionales.
Fuente: Infobae