ONU alerta sobre retroceso de derechos humanos en Perú por nueva ley

Lo que para sus promotores representa una necesaria rectificación legal, para la comunidad internacional constituye una grave señal de alerta. Diversos especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido que la normativa aprobada por el Congreso peruano, que suprime el enfoque de género para imponer una visión meramente biológica, pone en riesgo décadas de avances en la protección de los derechos de mujeres, niñas y minorías.

El organismo internacional ha solicitado formalmente al Gobierno del Perú que observe la denominada “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, aprobada el pasado 19 de noviembre de 2025. El proyecto de ley 8731/2024 busca eliminar el concepto de género de todo el marco legal vigente, obligando a una reestructuración profunda de las políticas de salud, educación e igualdad.

“Esta decisión ignora las complejas realidades sociales y culturales que generan desigualdad, debilitando la protección ante la discriminación estructural”, señalaron los expertos.

Adiós al enfoque de género: Un cambio más que semántico

La nueva legislación reemplaza términos fundamentales como “igualdad de género” y “violencia de género” por la frase “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Para los técnicos de la ONU, esta modificación no es un simple juego de palabras, sino una restricción conceptual que vacía de contenido las metas de equidad real.

Aunque la igualdad de oportunidades es un objetivo loable, los expertos subrayan que no puede sustituir al enfoque de género, el cual funciona como una herramienta analítica esencial para desarticular las brechas históricas que afectan a la sociedad peruana.

La Educación Sexual Integral (ESI) bajo amenaza

Uno de los puntos más críticos es el impacto sobre la Educación Sexual Integral (ESI). La ley impone al Ministerio de Educación un modelo basado estrictamente en lo “científico y biológico”, supeditado a las convicciones morales de los padres de familia.

Desde la ONU advierten que restringir el acceso a una educación sexual integral y reproductiva limita el empoderamiento de las jóvenes y puede derivar en un aumento de embarazos adolescentes y una menor protección frente a situaciones de abuso o violencia.

Vigilancia internacional y restricciones

El pronunciamiento también destaca con preocupación las cláusulas que limitan la colaboración del Estado con organizaciones de la sociedad civil que denuncian violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales. Según la advertencia, esto podría derivar en la criminalización de defensores de derechos y colectivos LGTBIQ+.

Milagros Jáuregui llamó

Además, la norma elimina la obligación de que las políticas públicas peruanas se armonicen con los tratados internacionales previamente ratificados por el Estado. Esto es visto por la comunidad global como un debilitamiento del compromiso soberano con los derechos fundamentales.

Contexto político y reformas inmediatas

La ley fue aprobada en el Pleno con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, derogando la Ley 28983 que estaba vigente desde el año 2007. La principal impulsora, la congresista Milagros Jáuregui, asegura que esto devuelve una “igualdad auténtica” al país, mientras que legisladoras como Susel Paredes denuncian un retroceso que contraviene convenciones como la de Belém do Pará.

Resumen de los cambios principales

Aspecto modificado Impacto de la nueva ley
Marco Legal Se deroga la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG).
Plazo de Adecuación Las entidades estatales tienen 1 año para ajustar sus políticas.
Ministerio de Economía Cuenta con 90 días para modificar su estructura programática.
Educación Se prioriza la visión biológica y moral de los padres sobre la ESI.

Votación de congresistas sobre el proyecto de ley de

Reacciones de la sociedad civil

Colectivos como el Movimiento Manuela Ramos y Flora Tristán han rechazado tajantemente la medida. Voceras de estas organizaciones señalan que eliminar el enfoque de género es un intento por invisibilizar las desigualdades reales y desmontar las políticas que protegen la vida y la integridad de las mujeres en el Perú.

Con esta advertencia, el Perú queda bajo la observación de los organismos internacionales, en un debate que trasciende fronteras y pone a prueba la solidez democrática de sus instituciones en materia de derechos fundamentales.

Fuente: Infobae

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