La trama de corrupción del caso Centros Poblados, que ha sacudido los cimientos de la política colombiana, suma un nuevo y contundente capítulo. Esta vez, las acciones judiciales recaen directamente sobre el patrimonio de la congresista Saray Robayo, del Partido de la U, quien es esposa del polémico empresario Emilio Tapia, figura central en múltiples procesos por malversación de fondos públicos.
La Fiscalía General de la Nación ha confirmado la aplicación de medidas cautelares sobre cinco bienes inmuebles registrados a nombre de Robayo. Estas propiedades han sido sometidas a un proceso de extinción de dominio, bajo la sospecha de que habrían sido adquiridas con recursos provenientes del millonario desfalco destinado a la conectividad rural en 2021, durante la administración de Iván Duque.
El objetivo primordial de esta intervención judicial es bloquear cualquier intento de comercialización o traspaso de estas propiedades mientras se determina su origen legal. Las investigaciones apuntan a que estos activos podrían ser el resultado del desvío de dineros del contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entidad que en su momento lideraba Karen Abudinen.
Aquel contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, pretendía llevar internet a las regiones más apartadas del país. No obstante, el proyecto terminó convertido en una de las mayores estafas estatales al registrarse el desembolso irregular de un anticipo por $70.000 millones de pesos.
La conexión con Emilio Tapia
Para los investigadores, el papel de Emilio Tapia fue determinante. El empresario habría estructurado una red de fachadas y uniones temporales ficticias para asegurar la adjudicación del contrato y, posteriormente, facilitar el enriquecimiento ilícito de los involucrados. En este escenario, la relación sentimental con la congresista Saray Robayo habría sido, presuntamente, un vehículo para canalizar y ocultar parte de estos recursos en bienes raíces.
Detalle de las propiedades bajo la lupa
El ente acusador ha identificado activos estratégicos en zonas de alta valorización, cuyo origen está siendo cuestionado. A continuación, se detallan los bienes vinculados al proceso:
| Tipo de Inmueble | Ubicación Geográfica | Detalles Relevantes |
|---|---|---|
| Penthouse y 2 Apartamentos | Coveñas, Sucre | Ubicados en zonas exclusivas de alto turismo. |
| Lote de terreno | San Bernardo del Viento, Córdoba | Vinculado al incremento patrimonial bajo sospecha. |
| Predio “El Chinchorro” | Montería | Terreno en ubicación estratégica regional. |
De acuerdo con el reporte oficial, el valor comercial de estos bienes incautados asciende a una cifra superior a los $65.000 millones, lo que evidencia la magnitud del capital que se intenta recuperar para el Estado.
Otros implicados y controversias
Mientras avanza la extinción de dominio, el nombre de Emilio Tapia sigue generando indignación nacional. A pesar de sus condenas previas por el tristemente célebre ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Tapia ha sido visto recientemente en lugares públicos y utilizando vehículos oficiales.
“La seguridad de Tapia ha sido objeto de fuertes críticas; sin embargo, se ha aclarado que el uso de vehículos blindados responde a su condición de cónyuge de la congresista Robayo, quien cuenta con un esquema de protección legalmente asignado”.
El cerco judicial también se ha extendido a otras figuras relevantes. Karen Abudinen, exministra TIC, también enfrenta medidas cautelares sobre sus bienes, aunque su proceso se mantiene en el ámbito de la responsabilidad fiscal ante la Contraloría. Hasta la fecha, la Fiscalía ha intervenido un total de 23 propiedades pertenecientes a implicados clave como Juan José Laverde, Ottomar Lascarro y Luis Fernando Duque.
José Iván Caro, director de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, enfatizó que si se comprueba el nexo entre el dinero robado al Estado y estas propiedades, los bienes pasarán definitivamente a manos de la Nación para resarcir el daño causado al erario público.
Fuente: Infobae