En una maniobra política y económica de alto impacto, el Gobierno de Gustavo Petro anunció la declaratoria de emergencia económica en Colombia. Esta medida surge como respuesta inmediata al rechazo del Congreso de la República a la ley de financiamiento, una reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar cerca de $16 billones para equilibrar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
La declaratoria permitirá que el presidente, respaldado por su gabinete ministerial, emita decretos legislativos con fuerza de ley. Estas facultades excepcionales otorgan un control más flexible sobre el presupuesto, la gestión de recursos y la posibilidad de intervenir en precios y salarios para enfrentar el déficit fiscal que atraviesa el país vecino.
El nuevo gravamen bancario: del 4×1.000 al 5×1.000
Una de las propuestas más polémicas dentro de este paquete de medidas es la creación de un impuesto del 5×1.000 sobre las transacciones bancarias. Este tributo, que representa el 0,5% de cada operación financiera, tiene como objetivo captar liquidez de forma inmediata a partir del 1 de enero de 2026. Según fuentes oficiales, el decreto ya fue firmado y radicado el pasado 19 de diciembre.
Especialistas en materia tributaria advierten que este incremento podría ser contraproducente. «Es una apuesta que golpea directamente a las empresas y fomenta el contrabando», señalan analistas locales. El temor principal radica en que el encarecimiento de los servicios bancarios empuje a los ciudadanos hacia el efectivo y, en consecuencia, a mercados de crédito informales conocidos como «gota a gota».
Impacto en el sector productivo y la informalidad
La preocupación se extiende a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que ya lidian con el actual 4×1.000. Al elevarse el tributo, se estima que solo el 50% de este impuesto será deducible de renta, lo que representaría un costo adicional que no guarda relación directa con la productividad de los negocios. Esto, según expertos, genera una pérdida sistemática de competitividad para Colombia.
Impuesto al patrimonio: ¿Fuga de capitales a la vista?
Otra arista crítica de la emergencia económica es la modificación del impuesto al patrimonio. A partir de 2026, se planea gravar a personas naturales y jurídicas con patrimonios superiores a las 40.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale aproximadamente a $2.000 millones de pesos colombianos.
Académicos sugieren que elevar este impuesto en un contexto de incertidumbre es una señal negativa para los mercados internacionales. A continuación, se detallan algunos puntos clave de la propuesta fiscal:
| Concepto | Detalle de la Medida |
|---|---|
| Nuevo Tributo Bancario | Incremento al 5×1.000 (0,5%) |
| Impuesto al Patrimonio | Aplica desde los $2.000 millones (40.000 UVT) |
| Inversión Privada | Actualmente en niveles críticos del 17% |
| Fecha de Vigencia | Inicia el 1 de enero de 2026 |
Críticas al gasto público y la burocracia
Desde diversos sectores económicos se cuestiona la necesidad de una emergencia económica cuando, a juicio de expertos, el problema real es el exceso de gasto estatal. Críticos del Gobierno aseguran que se ha priorizado la expansión de la burocracia y la creación de nuevos ministerios en lugar de fomentar la confianza inversionista.
«El Gobierno gasta sin medirse y, ante la falta de ingresos, opta por medidas excepcionales para imponer lo que no pudo concertar en el Congreso. Es una situación similar a una familia sobreendeudada que sigue malgastando sus recursos», afirman asesores financieros del país cafetero.
Mientras el debate continúa, queda en manos de la Corte Constitucional revisar la legalidad de estos decretos y determinar si las condiciones de emergencia alegadas por el Ejecutivo son suficientes para saltarse el debate legislativo ordinario.
Fuente: Infobae