En una decisión sin precedentes para la justicia transicional en el vecino país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado una sentencia de 20 años de prisión efectiva contra el coronel retirado Hernán Mejía. El exoficial fue hallado culpable de participar activamente en la ejecución de 72 civiles, quienes fueron presentados de forma fraudulenta como bajas en combate mientras comandaba el Batallón La Popa en Valledupar.
Las investigaciones determinaron que, bajo el mando de Mejía, existió una estructura de colaboración directa con los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los cargos por los que se le condena incluyen homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada. Esta sentencia marca un hito, pues es la primera vez que este tribunal impone una pena privativa de libertad ordinaria, sin las medidas alternativas contempladas en los acuerdos de paz de 2016.
El fenómeno de los ‘falsos positivos’
En el contexto colombiano, se conoce como ‘falsos positivos’ a los asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de seguridad para ser expuestos como guerrilleros abatidos. Estos crímenes buscaban simular éxito operativo frente a la opinión pública y obtener incentivos o reconocimientos institucionales. Según la JEP, esta práctica sistemática dejó un saldo de al menos 6.402 víctimas en todo el territorio nacional.
| Aspecto del Fallo | Detalles Clave |
|---|---|
| Sentencia | 20 años de cárcel efectiva |
| Víctimas | 72 personas civiles ejecutadas |
| Unidad Militar | Batallón La Popa (Valledupar) |
| Periodo de los hechos | Principalmente entre 2002 y 2005 |
Aunque el coronel Mejía ha negado rotundamente los cargos durante todo el proceso, el tribunal confirmó que tuvo una participación directa en la planeación y ejecución de estas acciones. A diferencia de otros 12 militares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad y recibieron sanciones de ocho años con trabajos comunitarios, Mejía enfrentará la justicia ordinaria por su falta de reconocimiento de la verdad.
«Este fallo fortalece el proceso de rendición de cuentas y reconoce la responsabilidad no solo individual, sino sistémica, en una de las prácticas más oscuras del conflicto armado colombiano».
La sentencia no solo busca castigar a los responsables, sino también contribuir a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de la memoria histórica. Con esta resolución, la JEP envía un mensaje contundente sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la importancia de la transparencia en las fuerzas del orden.
Fuente: Infobae