Ecuador marca récords por el incremento de los índices de violencia, con un registro de 8.393 homicidios intencionales entre enero y fines de noviembre, según datos del Ministerio del Interior.
En la reciente publicación del ranking de la entidad Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled, por sus siglas en inglés), Ecuador escaló 36 puestos para ubicarse en el sexto lugar.
Este listado realiza un análisis de los países por medio de cuatro indicadores: letalidad, peligros para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados.
Por delante de Ecuador, en el listado aparecen primero Palestina, luego Birmania, Siria, México y Nigeria.
El Acled además expuso una lista de Seguimientos de Conflictos 2025, que determina países donde se espera un aumento de los conflictos.
En esa lista figura Ecuador, que fue descrito como “epicentro de violencia criminal, con la mayor tasa de homicidios de la región”.
Visión estatal sobre alza de la violencia
En estos dos años, el Gobierno resalta la realización de dos millones de operativos en todo el territorio nacional, incluyendo la retención de 20 cabecillas solo en 2025.
Al ser consultado sobre el alza de crímenes, el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista, atribuyó que ha sido el año de mayores operaciones sobre grupos criminales, capturando a cabecillas u objetivos de alto e intermedio valor. Estas acciones han desarticulado organizaciones, como Los Choneros, Chone Killer y Los Lobos.
“Todos esos que eran intocables, nosotros atacamos a la estructura criminal”, expuso.
Agregó que al darse la captura de un cabecilla, como Pipo de Los Lobos, hay un desarme de la estructura, se forman grupos pequeños y se dan conflictos de violencia entre ellos.
“Están peleando una economía de una zona, ya sea extorsión, microtráfico o cualquier delito que rinda economía”, detalló y agregó que también se ha atacado a la economía criminal, con intervenciones a la minería ilegal, lo cual, dijo, deriva en episodios de conflictos.
Plan de seguridad de nueve fases para 90 días
Ante estos resultados del ranking, Daniel Adler, experto en seguridad y exasesor de la Subsecretaría de Seguridad del Gobierno de Ecuador, expuso que gran parte de la dinámica de alza de violencia en Ecuador tiene relación con el narcotráfico.
Detalló que el país vive una espiral de aumento de violencia que podría terminar con 9.000 crímenes al cierre de 2025.
Adler resaltó que este es el “único” Gobierno que tiene decisión política de sacar a las bandas narcocriminales y disidencias. “Ahora, de la decisión al resultado hay un largo trecho; lastimosamente vemos que los resultados no acompañan en lo más mínimo esa decisión”, expuso.
En esa dinámica, detalló que se evidencia un alza del reclutamiento de menores, formación de escuelas de adiestramiento de sicarios en barrios populares del noroeste de Guayaquil, como Monte Sinaí, y que los atacantes hasta se promocionan por redes sociales desde $ 50.
“Hay un montón de centros de sicariato, donde policías no pueden pasar, donde son centros de entrenamiento de sicarios, donde los periodistas no pueden pasar, son barrios ‘favelizados’”, expuso el experto.
Ante esta problemática, Adler planteó un plan de seguridad de nuevas fases, que ha acercado a autoridades de Gobierno. En un plazo de 90 días propone mejoras en seguridad, con disminución de índices violentos.
El programa comprende acciones de transparencia y control de entidades como Policía, Fiscalía y agentes penitenciarios, que incluye una unidad de asuntos internos, pero manejada por civiles de manera externa.
“Siempre tenemos que recordar que la madre de todos los males, antes que la inseguridad, es la corrupción arraigada en los poderes y las personas, las empresas, que se puede desarticular”, explicó Adler.
El plan incluye redes de contrainteligencia civil y vecinal, es decir, capacitar a los propios vecinos sobre cómo identificar mediante lenguaje no verbal a personas sospechosas, modificar la ley que permite que los allanamientos se deban hacer sin orden judicial para dar una mayor gestión en el golpe a grupos criminales, y cursos especiales para las fuerzas del orden.
Planteó también una reforma para aplicar capturas de hasta 360 horas, es decir, 15 días con técnicas de interrogatorios, además de cursos especiales, conducción evasiva y disparo vehicular; además de unidades de drones que patrullen y la confección de garitas aéreas de 3 metros de altura en los sectores más conflictivos de la ciudad.
Además, en las zonas portuarias, el experto habló de una agencia de infiltración dentro de estas unidades por ser los puntos neurálgicos para sacar la droga por buques.
“Si podemos controlar cárceles y puertos y mostrar músculo de las fuerzas del orden, es decir, que se vea y vuelva a construir el tejido social, tenemos la batalla ganada”, aseveró.
El experto apuntó que el aspecto táctico y represivo de las fuerzas del orden también se debe dar inclusión con progreso. Citó, por ejemplo, la atención a los grupos ‘ninis’ que ni trabajan ni estudian y pueden verse atraídos por la narcocultura.
“El Estado debe tener dos manos: la que garantiza libertad y seguridad, y la otra mano la que brinda oportunidades; esa es una gran forma de luchar contra la criminalidad”, dijo.
También dijo que el Gobierno debe brindar alternativas para las nuevas generaciones, como escuelas de artes y oficios, generando más emprendimiento, nuevas materias en la malla curricular para que conozcan a temprana edad sobre liderazgo, detectar talentos ocultos, creación de negocios, entre otros.
En otro de los puntos, destacó que es importante la fusión del Ministerio del Interior e Inclusión para encaminar el macroplan de seguridad en distintos ámbitos.
“Bajo ninguna instancia tenemos que tomar la excusa de que estamos entre los dos más grandes productores de droga, o que somos un país dolarizado o nuestra ubicación geográfica o cualquiera de esas excusas… no hay ninguna otra circunstancia más que el control territorial por parte del Estado”, expuso Adler.
La perspectiva sobre la criminalidad
Jean Paúl Pinto, experto en seguridad, expone que en Ecuador se presenta un efecto de tijera: por un lado, un aumento de la criminalidad, mientras que en el otro ámbito se evidencia un decrecimiento de las capacidades estatales.
Por un lado, él explicó que hay un incremento de crimen organizado, con mayor cantidad de grupos criminales y una multiplicación de delitos como minería ilegal, extorsiones y narcotráfico. Mientras tanto, en otro ámbito hay un estancamiento o disminución de las herramientas del Estado para enfrentar o mitigar el delito y reducir la violencia.
A ello, indicó, que el sistema de justicia también evidencia problemas de impunidad y la cooptación de policías y militares para operar a favor de grupos criminales.
“Y la ineficiencia: hacemos miles de operativos, nos jactamos de eso, pero al final del día los resultados son cero”, expuso.
El crecimiento de grupos criminales, expresó, se debe a que el tema de pandemia que generó una crisis social y económica derivó en “una tormenta perfecta” para que puedan operar con libertad y puedan reclutar a nuevos miembros, entre esos jóvenes y menores.
“Diría que está muy ligado a problemas socioeconómicos para tener mucha mano de obra que pueda trabajar para ellos; muchos niños que nunca regresaron a las escuelas, tenemos 400.000 niños que no han vuelto a las escuelas, es materia prima muy fértil para los grupos criminales; desde allí hay que analizar el crecimiento de la violencia y está dado mucho por esos elementos económicos y sociales”.
El experto deja entrever que la mayoría de muertes violentas tienen relación con disputas de bandas. Citó un estudio de la Universidad Central que revelaría que el 80 % de víctimas no tienen antecedentes penales.
“Eso es una narrativa del Gobierno que no tiene piso”, manifestó.
Entre las acciones, Pinto dijo que no se han desarrollado acciones buenas de contrainteligencia para detectar a los servidores que están vinculados con grupos delictivos y que no hay mayor protección de actores de la justicia.
“Evidentemente o están cooptados o están amenazados; no pueden hacer justicia si es que no tienen protectores, un esquema de seguridad que les permita realizar justicia. La impunidad es otro factor que explica las debilidades de capacidades institucionales”, explicó el experto.
Como recomendaciones, el especialista dijo que se debe cambiar el enfoque, de la militarización y mano dura a una visión multidimensional. “Hasta que no entendamos eso seguiremos en los rankings de los países más violentos”, dijo.
En un plan, indicó que las entidades, incluyendo actores privados, deben promover becas de estudios y programas de oportunidades para los niños y adolescentes para evitar que sigan atraídos por grupos delictivos.
Los pilares de seguridad propuestos
John Garaycoa, experto en seguridad, apuntó que el Gobierno debe reforzar cuatro pilares: la decisión ejecutiva, la acción judicial, la inversión económica en temas de seguridad y el control al elemento humano.
“Podemos hacer de todo, pero si no hay control, cualquier miembro de la Policía Nacional o de la Función Judicial se ve expuesto y corrompido en estas actividades ilícitas por el dinero”, expuso.
En inversión, él apuntó que hay desafíos para abastecer de unidades blindadas a la Policía y, además, helicópteros y más radares para que la naval patrulle el área marítima. Además, destacó la necesidad del control a los funcionarios judiciales con un nuevo reglamento que incluya exámenes de confianza.
Fuente: El Universo
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