La justicia española mantiene su atención sobre el polémico auxilio financiero otorgado a la aerolínea Plus Ultra. El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha dictado medidas cautelares estrictas contra tres directivos de la compañía, quienes tienen prohibido abandonar el territorio nacional y han debido entregar sus pasaportes. Estas acciones se enmarcan en una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el destino de 53 millones de euros en fondos públicos.
Defensa gubernamental desde Bruselas
En el marco de una cumbre europea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la transparencia con la que se gestionaron las ayudas durante la crisis sanitaria. Sánchez enfatizó que el proceso cumplió con todos los parámetros técnicos y legales exigidos por los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas, descartando cualquier tipo de favoritismo o irregularidad administrativa.
«Las ayudas concedidas no fueron una donación, sino préstamos que la compañía tiene la obligación de devolver al Estado», puntualizó el mandatario.
Investigación por nexos con Venezuela
El caso ha tomado un giro complejo debido a las sospechas de la fiscalía sobre un presunto blanqueo de capitales relacionado con oro venezolano. Las autoridades judiciales buscan determinar si los fondos transferidos por el Estado fueron utilizados de forma inapropiada o si la aerolínea sirvió como vehículo para operaciones ilícitas transnacionales. Actualmente, el proceso se encuentra bajo secreto de sumario.
| Medida Judicial | Estado Actual |
|---|---|
| Retiro de pasaportes | Ejecutado |
| Prohibición de salida del país | Vigente |
| Presentación ante el juzgado | Cada 15 días |
Tensiones en la coalición de Gobierno
Sobre la supuesta influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la adjudicación de estos fondos, Sánchez fue tajante al señalar que no ha tenido comunicación alguna con él al respecto. Asimismo, el jefe del Ejecutivo se refirió a la situación interna con su socia de coalición, Yolanda Díaz. Pese a los rumores de distanciamiento y las solicitudes de una crisis de gabinete tras los recientes escándalos, Sánchez aseguró que mantiene el diálogo con la vicepresidenta y descartó que exista deslealtad en su comportamiento.
El Gobierno insiste en separar la gestión técnica de las ayudas de cualquier hipótesis de interferencia política, mientras los tribunales continúan indagando si hubo desvío de recursos públicos o vínculos con activos de origen dudoso provenientes del exterior.
Fuente: Infobae