El panorama político en Colombia se ha encendido tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó duramente la independencia y equidad del sistema judicial de su país. Esto surge a raíz de la reciente orden de prisión preventiva dictada contra dos figuras clave de su gabinete: los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La controversia se agudizó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera enviar a los exfuncionarios a un establecimiento carcelario el pasado 18 de diciembre. Petro, a través de sus canales oficiales, respaldó las críticas de diversos juristas que señalan una presunta vulneración de los derechos procesales de los acusados.
Cuestionamientos al proceso legal
El debate jurídico se centra en el argumento del abogado penalista Elmer José Montaña, quien calificó la medida como un «error gravísimo». Según el experto, los magistrados habrían ignorado el principio de justicia rogada, el cual establece que los jueces no deben imponer medidas más severas que las solicitadas inicialmente por la Fiscalía General de la Nación.
En este caso particular, mientras el ente fiscal sugirió una detención domiciliaria, el tribunal optó por la reclusión en centro carcelario. Esto, para los críticos, sugiere que los jueces están asumiendo roles que no les competen, afectando directamente la presunción de inocencia de los imputados.
La reacción del mandatario colombiano
El presidente Petro fue enfático al señalar que, para sus excolaboradores, el sistema judicial no actuó como un árbitro neutral. Sus palabras reflejan una profunda desconfianza hacia la magistratura actual:
«Para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no hubo juez de control de garantías. Para ellos, el poder judicial no fue juez, sino enemigo»
Además, el jefe de Estado estableció una comparación directa con otros casos de alto perfil, mencionando específicamente a la magistrada Aura Rosero. Petro subrayó que se trata de la misma funcionaria que anteriormente favoreció con la libertad al expresidente Álvaro Uribe, insinuando un posible doble rasero basado en afinidades políticas.
El trasfondo del escándalo: UNGRD e Invías
Los procesos judiciales contra los exministros forman parte de una investigación mayor por presunta corrupción en entidades estatales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías. La justicia investiga si se desviaron recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República.
A continuación, se detallan los cargos y los roles que desempeñaban los implicados:
| Exfuncionario | Cargo Anterior | Delitos Imputados |
|---|---|---|
| Ricardo Bonilla | Ministro de Hacienda | Concierto para delinquir, cohecho, interés indebido en contratos. |
| Luis Fernando Velasco | Ministro del Interior | Concierto para delinquir, cohecho, interés indebido en contratos. |
Por ahora, la magistrada ha determinado que existe un riesgo de reiteración delictiva y de posible interferencia en las investigaciones en curso, motivo por el cual consideró que la libertad de los implicados representaba una amenaza para el proceso judicial.
Fuente: Infobae